ÁLVAREZ/GONZÁLEZ, Tenerife
El salón de plenos del Ayuntamiento de Santa Cruz vivió ayer un nuevo episodio del interminable "caso Las Teresitas". En esta ocasión, y a petición del Grupo Municipal Socialista, el consistorio celebró un pleno extraordinario sobre la situación jurídica, física y administrativa de la playa, durante el cual quedó de manifiesto que la cercanía de las Elecciones Generales del próximo 9 de marzo marcará, como mínimo hasta esa jornada, las informaciones sobre el mencionado caso.
Después de tres horas de debate, y dejando entrever un ligero acercamiento entre Coalición Canaria y Ciudadanos de Santa Cruz, la formación de Guillermo Guigou y Ángel Isidro Guimerá, las mencionadas formaciones políticas, junto al PP, sacaron adelante una moción, con los votos en contra del PSC, en la que acuerdan "recabar, con carácter de urgencia, los informes técnicos y jurídicos pertinentes para proceder a la paralización cautelar de las obras que se están llevando a cabo en el ámbito de la playa de Las Teresitas y el Valle de las Huertas".
Además la propuesta establece que se derivarán, "en su caso, las responsabilidades patrimoniales en que pudiera haber incurrido la Dirección General de Costas por su inactividad y conducta omisiva en la actualización de la delimitación del deslinde del dominio público marítimo-terrestre".
Y es que, aunque la idea original de paralizar de forma cautelar las obras que se ejecutan en el entorno de la playa era del PSC, finalmente su propuesta fue rechazada. Además, los socialistas vieron cómo CC y PP no daban validez a la parte de la moción en la que solicitaban retrotraer el expediente de Las Teresitas hasta el momento de la Junta de Compensación, así como la reversión de la concesión administrativa que tiene el ayuntamiento por 99 años para que Costas pueda encargarse de la reparación y mantenimiento de los servicios de la playa.
"Follón jurídico"
En este sentido, tanto el alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, como la concejal de Urbanismo, Luz Reverón, insistieron en que la decisión de paralizar las obras de forma cautelar depende de lo que estimen los servicios jurídicos. Zerolo llegó a reconocer que podía coincidir con la idoneidad de parar las obras ante "el follón jurídico", pero subrayó que la decisión "no depende de lo que piense un político, sino de los que nos digan los informes jurídicos".
Estos argumentos fueron rebatidos tanto por el edil socialista Ramiro Cuende como por el propio Ángel Isidro Guimerá, quienes coincidieron en señalar que la paralización de los trabajos sí podía ser una decisión política".
No obstante, al margen de la paralización de las obras, el debate plenario tuvo un marcado acento jurídico-electoral.
La portavoz del PSC, Gloria Rivero, reiteró que la compraventa de los terrenos del frente de playa fue una operación ajena a los intereses del pueblo de Santa Cruz y remarcó que las declaraciones de los imputados y testigos ante la Fiscalía Anticorrupción "dejan claro que no ha sido una conspiración judeo-masónica creada por Juan Fernando López Aguilar y José Ángel Martín", entre otros.
A las afirmaciones de Rivero replicó con contundencia Miguel Zerolo, quien acusó a la socialista de solicitar el pleno con fines electorales y de "hablar como si fuera una fiscal".
"No le vamos a entrar en ningún tema que esté en los tribunales de justicia, le guste o no", apostilló el alcalde.
Por su parte, Ramiro Cuende insistió en que "ustedes huyen hacia delante porque son conscientes de su responsabilidad y no quieren ver la realidad que han organizado".
En la misma línea, Ángel Isidro Guimerá pidió actuar "con la máxima cautela" y recriminó al PSC su falta de apoyo para convocar un debate monográfico sobre este asunto antes de las elecciones municipales de mayo de 2007. En este sentido, aseguró que "este debate llega tarde y es mucho menos necesario. Ahora debemos dejar trabajar a los jueces". Además, llamó la atención sobre las informaciones publicadas tras el alzamiento parcial del secreto del sumario del "caso Las Teresitas", y remarcó que "el pueblo de Santa Cruz no se lo merece".
Por parte de CC, su portavoz José Alberto Díaz Estébanez insistió en que la estrategia del PSC es de "bronca permanente y esquizofrenia colectiva", y de pretender convertir al pleno en "un juicio paralelo".
Además, y en relación con los pronunciamientos judiciales sobre la compraventa de los terrenos del frente de playa, aseguró que "no habrá marcha atrás. No devolveremos el frente para que unos empresarios urbanicen".
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