Madrid, EFE La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido hoy al juez Baltasar Garzón que decrete "a la mayor brevedad posible" la suspensión de actividades del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y de Acción Nacionalista Vasca (ANV) por su sumisión a ETA-Batasuna, incluido el derecho a la presentación de candidaturas y la concurrencia a las elecciones.
En sendos escritos a Garzón, la fiscal Dolores Delgado y el fiscal Vicente González Mota, que también reclaman el embargo de las cuentas, ingresos y subvenciones a estos partidos y el cierre de sus sedes y locales, piden que estas medidas se adopten antes de la proclamación de las candidaturas el próximo 11 de febrero por un período máximo de cinco años, tal y como establece el artículo 129 del Código Penal.
Los fiscales destacan además que la investigación "ha permitido constatar (...) que la ilícita actuación" de EAE-ANV y de EHAK-PCTV "en orden a la posterior individualización y depuración de responsabilidades penales, tiene encaje jurídico-punitivo como integración y/o colaboración en organización terrorista".
Esto significa que la Fiscalía podría pedir más adelante a Garzón la imputación de estos delitos a los responsables de ambos partidos, aunque recuerdan que no es necesario acordar el procesamiento para decretar la suspensión de actividades.
No obstante, tras haber recibido los informes policiales finales que acreditarían la sumisión de ambos partidos a ETA-Batasuna y sin esperar a que se lo pidiera la Fiscalía, Garzón ya citó el pasado 22 de enero a los representantes de PCTV y ANV para el próximo lunes y martes, respectivamente, para que comparezcan en la vista en la que estudiará si decreta la suspensión de sus actividades.
En su petición a Garzón, los dos fiscales de la Audiencia Nacional sostienen que "existen indicios que claramente evidencian la instrumentalización" de PCTV y ANV por Batasuna y "su incardinación en el complejo terrorista ideado y liderado por ETA con la finalidad de cubrir el frente institucional del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV)".
Argumentan en este sentido que "la realidad impuesta por los órganos judiciales ha conducido a la organización terrorista ETA a una nueva y singular adaptación para la consecución de sus ilícitos fines, de tal modo que los recursos de PCTV son puestos al servicio de estos fines" como se acredita a través de la documentación intervenida en la sede de PCTV y ANV en Usurbil (Guipúzcoa).
El fiscal González Mota, al que ha correspondido redactar el escrito relativo al PCTV, explica que desde 2005 el juzgado de Garzón investiga a este partido, pero entonces "no se desprendían elementos probatorios sólidos y concluyentes de los que deducir, más allá de una coincidencia de objetivos políticos e ideológicos, una relación de dependencia" a Batasuna.
Sin embargo, no ha sido hasta la detención de los integrantes de la nueva cúpula de Batasuna el pasado 4 de octubre cuando la conexión entre PCTV y Batasuna "ha adquirido evidencias suficientes", al igual que ha ocurrido con ANV, partido al que Garzón comenzó a investigar en abril del año pasado.
De hecho, la fiscal Dolores Delgado en su escrito sobre ANV asegura que "en los últimos meses" este partido ha sufrido una "la metamorfosis radical y al servicio de los fines terroristas" que "mimetiza los realizados en su día por Batasuna reflejando la entrega del testigo en la representación del 'frente político institucional'" de ETA.
Esa metamorfosis, según Delgado, se ha observado en actitudes como la justificación, y no sólo la no condena, del atentado de ETA en el que fallecieron los guardias civiles Fernando Trapero y Raúl Centeno en Capbreton (Francia) el pasado 1 de diciembre o el apoyo público de la alcaldesa de Hernani (ANV) a los dos presuntos etarras acusados del atentado de la T-4 en un acto electoral de su partido celebrado en Pamplona el pasado 12 de enero.
La Fiscalía, que ha pedido esta semana ante la sala del 61 del Tribunal Supremo la ilegalización de PCTV y de ANV en aplicación de la Ley de Partidos, así como que decrete la suspensión de actividades de los dos partidos ante la inminencia de las elecciones, refuerza con esta petición a Garzón, que representa la vía penal, su ofensiva para evitar que ambos partidos puedan concurrir a las elecciones generales del 9 de marzo.
El magistrado ya acordó esta misma medida para Batasuna en agosto de 2002 antes de que el Tribunal Supremo ilegalizara a este partido en 2003.
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