¿Quién manda aquí?

CREO que la ignorancia pueblerina ha inventado y extendido el bulo de que las antenas telefónicas y de todas clases son malignas para la salud del vecindario próximo y puede que lejano. Como un servidor entiende menos de este tinglado de la comunicación que de las declinaciones gramaticales del lenguaje coreano del Sur, no se lo cree hasta que un científico preparado lo confirme. Lo que pasa es que la gente coge miedo a la proliferación de antenas para la llamada telefonía móvil, que, a estas alturas, gana en número de muchos cientos de millones a la estática o casera, que no tiene ninguna antena sino unos horrorosos hilos y argollas para sujetarlos a las fachadas de las casas viejas y nuevas, que les dan un aspecto deplorable.

Uno lee, por caso, que en la barriada güimarera de San Pedro Arriba no dejan poner antenas, porque afectan a la salud de los residentes y que en otra barriada de otro pueblo se quejaron al alcalde porque las dichosas antenas producen enfermedades. Y los alcaldes se lo creen y mandan a quitar o reducir el número de dispositivos sin que haya norma que lo señale. Uno de estos alcaldes es el de La Matanza de Acentejo, quien, sin encomendarse a Dios ni al Diablo, ordena a sus vecinos que no dejen colocar en el pueblo ninguno de estos artefactos, y el pueblo lo cumple, con el disgusto de los magos modernizados, que lo utilizan para comunicarse con sus medianeros, y de las chicas jóvenes, que son las que más utilizan los móviles, unas para hablar con los novios y otras para criticar con las amigas, a lo peor, del mismo alcalde.

Pero va la Asociación Española de Operadores de Telecomunicaciones (REDTEL, en la sopa de letras) y presenta denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el cual dicta sentencia contra el ayuntamiento matancero en la que rechaza que los consistorios de Canarias que tengan poder para prohibir toda instalación de antenas de telefonía móvil, alegando que "no existe una regulación local". En la resolución el alto tribunal canario advierte al Ayuntamiento de La Matanza que no puede impedir la instalación de antenas de forma absoluta, lo que sienta un precedente legal que afecta a los municipios de todas las islas del Archipiélago. EL TSJC se ampara en la jurisprudencia que establece el Tribunal Supremo en una sentencia. De forma que ya saben los alcaldes que debe cesar la lucha contra las antenas y que deben hacer trabajar a los miembros de sus departamentos jurídicos para que los asesoren debidamente, y no como en el caso de Las Teresitas, que metieron a la Corporación de Santa Cruz en tremendo follón.