Malas noticias para la educación canaria

NO CORREN BUENOS tiempos para la educación en Canarias. El resultado del referéndum celebrado el jueves entre los funcionarios docentes no universitarios, rechazando de forma mayoritaria el preacuerdo alcanzado por algunos sindicatos con el Gobierno canario en materia de homologación salarial, no es una buena noticia. No porque la razón asista a la Consejería de Educación y ponga en tela de juicio la actitud de los profesores no universitarios de los centros públicos, sino porque viene a enquistar aún más el conflicto que ambas partes mantienen abierto desde hace mucho tiempo.

Porque el problema de la homologación salarial, tal y como explica hoy en un artículo recogido por este periódico el ex consejero de Educación del Gobierno de Canarias Juan Manuel García Ramos, no es nuevo, sino que viene coleando, aunque parezca mentira, desde hace ya casi diecisiete años. ¿Qué es lo que impide que se alcance de una vez por todas un acuerdo? ¿Tan malos gestores han sido los distintos responsables que a lo largo de este tiempo han dirigido el área de Educación en las Islas? ¿Acaso los docentes reclaman algo imposible? Seguramente, como ya apuntamos al inicio, no se trata de que unos u otros tengan toda la razón, sino de acercar posiciones y, para ello, es fundamental el diálogo.

No hay que olvidar que estamos hablando de educación y que, por desgracia, Canarias no es precisamente la comunidad autónoma que goza de más prestigio en esta materia, como demuestran los distintos estudios o informes que se publican tanto a nivel nacional como europeo. ¿O es que debemos recordar que cada vez que se habla de fracaso escolar las Islas siempre ocupan los primeros lugares? ¿No es suficiente acicate para resolver este largo conflicto estar situados en semejante posición?

Es preciso que ambas partes se sienten a hablar, pero sin condicionantes previos y teniendo en cuenta que están jugando con el futuro de muchos jóvenes, pues el enfrentamiento que mantienen actualmente está deteriorando la calidad de la enseñanza en Canarias y poniendo en riesgo una labor fundamental en nuestra sociedad.

El resultado del referéndum pone además en entredicho el papel de los sindicatos que respaldaban el preacuerdo sobre el nuevo marco retributivo y la representación que hasta ahora han ejercido de los profesores no universitarios, que simple y llanamente les han dado la espalda.

Y también, claro está, a la Consejería de Educación, que no ha logrado convencer a los docentes de que su oferta económica era la mejor "porque situaría al profesorado canario a la cabeza del país en todos los niveles", según palabras de la responsable del departamento, Milagros Luis Brito.

García Ramos aboga en el artículo citado por "un gran pacto entre el Ejecutivo canario y el profesorado para escalonar, de acuerdo con las disponibilidades de la Tesorería del Gobierno, el pago de los atrasos correspondientes hasta culminar el proceso de igualación de los salarios de los funcionarios docentes no universitarios y el resto de los funcionarios de nuestra autonomía".

Ahora bien, si la Consejería de Educación aceptara esa demanda, ¿cuáles serían las contrapartidas que deberían aceptar los profesores? ¿Estarían dispuestos a poner toda la carne en el asador para que Canarias no tenga que sonrojarse cada vez que se habla de la enseñanza fuera de las Islas? Estamos convencidos de que si todos ponen un poco de su parte y piensan realmente en el futuro de nuestros jóvenes, este conflicto tiene las horas contadas.