La policía canaria pasa su primer trámite en un debate marcado por las elecciones

N.D., S/C de Tenerife

El proyecto de ley de creación del Cuerpo General de la Policía Canaria pasó ayer su primer trámite parlamentario en una sesión plenaria en la que se hizo evidente la cercanía de las elecciones generales después de que fuera rechazada la enmienda a la totalidad del Partido Socialista Canario (PSC), que pedía su retirada.

De esta forma Coalición Canaria (CC) logró ayer por fin, con el apoyo del Partido Popular (PP), que su proyecto de crear un cuerpo policial autonómico comience a materializarse después de que en la pasada legislatura tuviera que dejarlo sobre la mesa al perder los apoyos necesarios para su tramitación.

Tanto este debate como todo el desarrollo del pleno de ayer estuvo marcado por la proximidad del proceso electoral que se celebrará el próximo 9 de marzo, al protagonizar los diputados de las tres formaciones políticas con representación en el Pleno del Parlamento cruces de acusaciones defendiendo, en unos casos, y atacando, en otros, la gestión del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Sobre el proyecto de ley de la policía canaria, los socios de Gobierno en Canarias (CC y PP) defendieron su idoneidad porque, desde su punto de vista, hace falta mejorar los niveles de seguridad, y porque tiene el mismo derecho que otras comunidades que cuentan con policías autonómicas.

Sin embargo, desde los escaños del PSC se tildó de "innecesaria, inconstitucional y herramienta disparatada" esta norma a la vez que acusaron al Gobierno de Canarias de priorizar los intereses particulares de algunos frente a los generales.

Asimismo, su portavoz, Francisco Hernández Spínola, reiteró que "este capricho de CC y de su socio" supondrá "un despilfarro" de recursos públicos, a la vez que puso el acento en la "incoherencia" del PP al apoyar una ley a la que siempre se opuso y en que ningún sindicato policial apoya esta medida.

Un proyecto integrador

El consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, fue el encargado de defender ante la Cámara esta iniciativa que definió como "un proyecto complementario, moderno e integrador". Desde su punto de vista el nuevo cuerpo de seguridad que comenzará a funcionar en las Islas si definitivamente se aprueba el proyecto de ley se fortalecerán los medios que existen en Canarias en materia de seguridad a la vez que se mejorará la coordinación entre los diferentes cuerpos. Justificó su puesta en marcha por la preocupación del Ejecutivo al que pertenece por la seguridad en el Archipiélago. Para Ruano más policía se traducirá en más seguridad en las Islas y aseguró que con este texto normativo se creará "un sistema de complementariedad de medios y recursos sobre la base del principios de lealtad institucional y cooperación con el Estado".

Situó en la prevención del delito el papel principio de los 300 efectivos con los que contará en un principio la policía canaria. Se establecerán -precisó- grupos operativos de apoyo a las policías locales. Asimismo, declaró que la dotación inicial se verá incrementada y se completará en 1.700 efectos que, en su opinión, deberá ser financiados por el Estado. Ruano no descartó que este nuevo cuerpo policial participe también en la neutralización de los actos delictivos. Aseguró que en esta parcela no se está dando una respuesta y que, por ello, "Canarias puede y debe demandar que el Estado contribuya a la financiación" de la policía canaria.

Sobre el despliegue de esta nueva fuerza de seguridad, el consejero de Presidencia precisó que estos efectivos comenzarán a prestar sus servicios por Lanzarote y Fuerteventura, ya que éstas, argumentó, son las que requieren más y mejores recursos debido al incremento poblacional que han experimentado en los últimos años.

En cuanto a las tareas de investigación y criminalística, Ruano aseguró que la policía canaria podía aportar la información que obtenga para que ésta sea incorporada al banco de datos de la Seguridad nacional y al sistema del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. Para ello, apuntó, es necesario crear la Junta de Seguridad Autonómica, de la que formarán parte el Estado y la Comunidad Autónoma y que servirá de instrumento de coordinación entre los diferentes cuerpos.