NO ES DIFÍCIL suponer que si en cualquiera de las dos universidades canarias, porque tenemos dos universidades provincianas en vez de una grande y regional, se estudiasen únicamente las especialidades imprescindibles para el desarrollo económico de las Islas, la oferta académica sería bastante reducida. Haciendo un análisis catálogo en mano, necesitamos médicos y enfermeras, desde luego que sí, algunos psicólogos -o muchos, dependiendo del grado de desquiciamiento colectivo que admitamos-, un puñado de economistas, bastantes directores de empresas capaces de formar equipos competitivos, prescindiendo de enchufismos y amiguismos, un buen plantel de abogados -hoy hace falta un letrado hasta para cruzar de acera-, biólogos -aunque cada vez menos porque cada vez tenemos menos riqueza natural que estudiar y conservar-, técnicos superiores de turismo -tradicionalmente las enseñanzas más relegadas, pese a que vivimos fundamentalmente del sector turístico-, media docena de historiadores con vocación de explicarle a la gente de forma amena el pasado de este Archipiélago, unos cuantos expertos en Estadística, buenos técnicos agrarios, patrones de pesca, un puñadito de marinos mercantes -también cada vez menos-, ingenieros de mantenimiento, y poco más. El resto de lo que se enseña tanto en estas dos universidades, como en todas las de España y aún en las de Europa, forma parte de un compendio científico y cultural imprescindible, absurdo sería negarlo, pero de una aplicación inmediata casi nula. Hasta para enviar un cohete a Júpiter sobra con las matemáticas de Newton.
Las hipótesis anteriores llevan a plantearnos una inquietante pregunta: ¿hasta qué punto no están condenados al fiasco los intentos de coordinar las enseñanzas universitarias con las necesidades de las empresas? O, de forma un tanto equivalente, ¿puede y debe transformarse la universidad en una especie de formación profesional superior, pero formación profesional a fin de cuentas? Muchos catedráticos claman que no. Sobre todo a la hora de defender las materias que imparten, por muy alejadas que estén de los problemas habituales. Postura contradictoria con el también innegable derecho de la sociedad a obtener rendimiento de algo, en este caso la enseñanza superior, a lo que dedica una parte sustancial de sus recursos.
En definitiva, ¿servirá para algo la negociación recién iniciada por la Patronal tinerfeña y la Universidad de La Laguna, con el objetivo de adaptar las titulaciones a las necesidades del ámbito productivo? Ojalá, pero lo dudo. No somos un país que se caracterice por rentabilizar los resultados de la exigua ciencia que tenemos. Muchos investigadores consideran concluida su labor cuando publican un trabajo en una revista prestigiosa; es decir, cuando suman puntos a sus currículos. Una actitud demasiado enraizada en el sistema para que resulte fácil eliminarla. Por otra parte, los empresarios -y no sólo los de estos alrededores- están demasiado acostumbrados a la rentabilidad fácil. Invertir en ciencia, con las derivaciones inciertas que ello conlleva -grandes beneficios en caso de éxito; pérdida total en caso contrario-, se les antoja una idea de locos. Al menos mientras el ladrillo dé lo suficiente para pagar las patentes de lo que inventan otros.
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