Melchior rechaza cualquier responsabilidad en el conflicto de los opositores a bombero

EL DÍA, S/C de Tenerife

Los aspirantes a bombero del Consorcio de Tenerife calificaron de "profundamente decepcionante" la reunión que ayer mantuvieron con el presidente del Cabildo insular de Tenerife, Ricardo Melchior, quien rechazó asumir cualquier tipo de responsabilidad en este conflicto.

Los afectados por el proceso de las oposiciones de 2003, donde fueron suspendidos en las pruebas psicológicas, calificaron el encuentro, de algo más de una hora de duración, de "cordial, pero tenso por momentos", y lamentaron que, en la práctica, no se consiguiera ningún avance significativo en el polémico asunto, donde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado la razón a los jóvenes suspendidos en la mencionada convocatoria.

El portavoz de los denunciantes, Alberto Álvarez, apuntó que el máximo responsable de la administración insular no quiso entrar en el análisis del tema ni en los documentos que integran el expediente.

A juicio de Álvarez, lo peor de la recepción fue que Melchior se quiere desmarcar del Consorcio de Bomberos, argumentando que el Cabildo sólo posee el 30% de la sociedad pública, frente al 25% del Ayuntamiento de Santa Cruz, otro 25% del resto de consistorios municipales y el 20% de la Comunidad autónoma. Ante dicha postura, el representante de los afectados señala que "sólo hay que entrar en la página de internet del Cabildo para comprobar que, entre los pilares de la institución, están los consorcios, como el de Tributos y el de Bomberos".

A la reunión de ayer, en la que los aspirantes fueron recibidos como "ciudadanos", además del presidente insular y los afectados, estuvo el secretario general de la Corporación insular, Juan Antonio Duque. En resumen, para Alberto Álvarez en la Administración insular no se quiere profundizar para buscar la verdad y, simplemente, se sigue produciendo una "huida hacia delante".

Por su parte, Ricardo Melchior expuso que el Consorcio de Bomberos nunca ha dudado en cumplir la sentencia judicial y que en estos momentos estará estudiando el modo en que se revalúa a los cinco aspirantes. Al respecto, Manuel Ortega, presidente del Consorcio, declaró ayer que se acatará la sentencia y que "los servicios jurídicos tienen dos meses para estudiar cómo aplicarla".