COLPISA, Madrid
La Fiscalía General del Estado reclamará la semana próxima al Tribunal Supremo (TS) que ilegalice a PCTV y ANV por "colaborar habitualmente" con el "frente institucional" de ETA -Batasuna- y por "minimizar" los atentados y asesinatos de la banda terrorista. El fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, adelantó ayer que su departamento presentará el lunes o martes próximos ante la Sala Especial del TS una demanda ordinaria de ilegalización contra ambos partidos. El escrito desencadenará un largo procedimiento derivado de la ley de Partidos, que puede durar más de medio año, similar al que terminó con la proscripción de Batasuna en marzo de 2003.
La demanda de la Fiscalía se basará en el apartado f) del artículo 9.2 de la ley de Partidos. El epígrafe describe como causa de ilegalización que la formación sospechosa "colabore habitualmente con grupos que actúan de forma sistemática de acuerdo con una organización terrorista, o que amparan o apoyan a los terroristas".
Conde-Pumpido explicó que, en el caso del PCTV, los informes policiales indican, entre otras muchas cosas, que el partido tiene en nómina a buena parte de la Mesa Nacional de Batasuna y que les cede su sede central en San Sebastián para que pudiesen continuar la actividad ilegal y clandestina. La situación de ANV es parecida, ya que habría financiado a Batasuna desde los 42 ayuntamientos que gobierna desde mayo.
El segundo motivo de ilegalización que planteará la demanda, recogido en el apartado a) del mismo artículo de la ley de Partidos, sólo afectaría a ANV y le acusará de "minimizar" y no condenar "por sistema" los atentados de ETA, incluidos la voladura de la T-4 de Barajas, donde murieron dos ecuatorianos, y el asesinato de dos guardias civiles en Francia.
Este apartado prevé la ilegalización de quienes "justifican o exculpan los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o su exclusión o persecución por razón de ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual". Este motivo de proscripción incluirá el episodio de la alcaldesa de ANV de Hernani, al pedir en público un aplauso para los asesinos de la T-4.
Fórmula con garantías
El fiscal general justifica el uso de la demanda ordinaria de ilegalización, el procedimiento más gravoso, porque "es el que prevé la ley y el que ofrece suficientes garantías de que la demanda supere los requisitos tanto del Supremo como del Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos".
Conde-Pumpido señaló que, dada la previsible larga duración del proceso ordinario y la cercanía de las elecciones generales, la demanda reclamará al TS la urgente suspensión cautelar de la actividad de ambos partidos mientras se sustancia el fondo del asunto, para que no puedan estar en las urnas el 9 de marzo próximo.
Con la misma finalidad, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, solicitará la semana próxima al juez Baltasar Garzón que ordene la suspensión cautelar de todas las actividades de PCTV y ANV en las vistillas que a tal efecto celebrará los próximos 4 y 5 de febrero, dentro de las causas penales por terrorismo que tiene abiertas desde hace meses contra sus dirigentes.
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