El CSIF pide al consistorio que explique cómo cubrirá el puesto de los despedidos

F.A. FERRER, La Laguna

Los numerosos conflictos surgidos en el área de Personal del Ayuntamiento de La Laguna parecen no cesar. A los casos anteriores -a saber, las concentraciones de la Policía Local y la renuncia de varios de sus miembros al turno de noche- hay que sumar ahora el despido de 14 trabajadores autónomos que habían denunciado su situación irregular en mayo de 2007 y que habían sido dados de alta de oficio como personal laboral indefinido por la Inspección de Trabajo.

A consecuencia de ello, el viernes pasado el ayuntamiento les comunicó que a partir de ese mismo día pasarían a ser personal laboral indefinido. Este martes, de nuevo el ayuntamiento convocó un encuentro con los trabajadores, aunque esta vez les anunció su despido.

Lo que pasó durante el fin de semana y el lunes para este repentino cambio de opinión sólo ellos lo saben, pues ni siquiera los representantes del Csif, que ayer en rueda de prensa tildaron de "injusticia social" este despido, se atrevieron a hacer conjeturas. No obstante, el comportamiento del ayuntamiento extrañó al Csif, ya que a finales de octubre de 2007 la corporación y el propio sindicato habían llegado a un pacto de caballeros por el que, a fecha de 1 de enero de 2008, los trabajadores firmarían su contrato laboral para regularizar así la situación fraudulenta que el propio ayuntamiento había provocado.

Sin embargo, el presidente del Sector Autonómico de este sindicato, Javier Galván, sí se atrevió a lanzar una cuestión al aire, ¿quién o quiénes están prestando el servicio que anteriormente realizaba el personal despedido y con qué modelo de contratación?

Y es que estos 14 trabajadores desempeñaban labores de cara al público en una de las áreas municipales de mayor relevancia, la de Servicios Sociales.

De esta forma, el presidente del Sector Autonómico del Csif conminó al ayuntamiento a que dijera de qué forma se cubrirán los puestos de trabajo de los despedidos. Si bien tras esta pregunta se escondía la duda del sindicato de que el ayuntamiento podría haber repuesto las vacantes con trabajadores en la misma situación laboral que los despedidos.

Según comentaron Galván y Francisco Perera, abogado del Csif, en la reunión fatídica de este martes, los representantes del ayuntamiento los disuadieron de acudir a sus puestos de trabajo advirtiéndoles de que "si hiciera falta llamarían a la Policía para que los echara".

Por otro lado, en julio de 2007, la Inspección de Trabajo, tras verificar la veracidad de las acusaciones, esto es, que el personal citado trabajaba en condiciones idénticas a las del personal municipal, decretó una multa de 156.000 euros que el ayuntamiento deberá abonar como pago por la infracción cometida.

Un pago que, como señalaron los representantes sindicales, "no han abonado aún porque al ser una institución pública no pueden ser embargados por otra institución pública como es la Inspección de Trabajo. Les da igual lo que pase, han decidido tirar hacia adelante y que el proceso se alargue para que la gente olvide lo sucedido".

Informe favorable.- El abogado del Csif, Francisco Perera, aseguró que "el área de Servicios Sociales emitió un informe favorable con una propuesta de contratación definitiva de los afectados, cuya finalidad era normalizar las irregularidades detectadas por la Inspección de Trabajo". En otras palabras, técnicos de la propia concejalía de Servicios Sociales, a la vista del informe de la Inspección de Trabajo que evidenciaba el fraude laboral cometido, aconsejó regularizar la situación de estos trabajadores para establecer los cauces del modo adecuado.

Francisco Perera confirmó también que el Csif iniciará las acciones judiciales oportunas para resolver este contencioso. Unas acciones que, a priori, irán por la vía social. De esta manera, el sindicato buscará la readmisión de los trabajadores en sus puestos de trabajo.

Prevaricación.- Fuentes municipales aseguraron el pasado miércoles a este medio que los despidos se realizaron para no incurrir en un posible caso de prevaricación, una infracción que el Csif afirmó que "ya se cometió porque el informe de la Inspección declaraba la existencia de contratos fraudulentos".

El abogado de la Central Independiente de Funcionarios explicó que "no es cierto que el ayuntamiento se enterara de la situación irregular de estos trabajadores en estos días pasados, puesto que ya desde mayo de 2007 tienen constancia de lo que ocurría por el informe elaborado por la Inspección de Trabajo".