EFE, Estrasburgo
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó ayer una recomendación a sus 47 Estados miembros para que los niños adoptados "tengan derecho a conocer sus orígenes, como tarde en su mayoría de edad".
En el texto aprobado se insta a establecer "reglas estrictas relativas a la creación de agencias especializadas en la adopción de niños" y a modificar el derecho penal con el fin de "evitar y de sancionar" el tráfico de menores y las adopciones ilegales.
La recomendación, que fue aprobada por una unanimidad de 98 votos, también solicita que "se asegure la capacidad adoptiva" de los padres candidatos a la adopción internacional, a firmar acuerdos bilaterales para estos casos y a reabrir los expedientes que aborden la desaparición de recién nacidos.
También se pide el derecho de retractación a las madres que han dado a sus hijos en adopción en un plazo de tiempo razonable.
La ponente del informe, la legisladora suiza Ruth-Gaby Vermot-Mangold, explicó en la exposición de motivos el resultado de sus visitas a Ucrania y Moldavia, donde se reunió con madres víctimas del robo de sus hijos recién nacidos, bajo la sospecha de que fueran entregados en adopción.
Así, relató el caso de cuatro madres cuyos hijos nacieron en el hospital Nº6 de Jarkov y a las que les dijeron que los niños habían fallecido. El centro se negó a que vieran los cuerpos y les comunicó que habían sido enterrados. En otros casos, sí se mostró al bebé, si bien la madre pudo constatar que el cadáver era de mayor edad que su hijo recién nacido.
Vermot-Mangold señaló que 26.000 niños ucranianos fueron adoptados en el extranjero entre 1996 y 2004 y que "aún existen demasiados casos de adopciones ilegales". La ponente también dio cuenta de los casos casos de jóvenes búlgaras que han emigrado a Francia, han ejercido la prostitución y, tras quedar embarazadas, han vendido a sus hijos.
El precio a pagar a las familias interesadas, mayoritariamente gitanos, ha sido de 6.000 euros por los niños y 5.000 por las niñas. A las madres sólo les llegaba una cantidad de entre 400 y 2.000 euros.
Durante el debate, el legislador francés Yves Pozzo di Borgo elogió las tarjetas de identificación y contó la experiencia de un centro maternal parisino que pone a los pequeños un dispositivo con una alarma que salta si el bebé sale fuera de un perímetro de 10 metros.
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