Desalojo de ocupas

J.F., Arona

A primera hora de la mañana de ayer un auto del Juzgado número 5 del Palacio de Justicia de Arona ordenaba el desalojo de las antiguas escuelas de Cabo Blanco (ubicadas en la entrada de dicho barrio de la medianía y cerca de Buzanada), que venían siendo ocupadas de manera ilegal por parte de dos familias, una con cuatro miembros y la otra con dos, desde hacía, al menos, cuatro años, según informaron fuentes cercanas al caso.

En el lugar se personaron agentes judiciales y efectivos de la Policía Local de Arona y de la Guardia Civil por si se trataba de impedir el cumplimiento de la orden dictada por el magistrado. La presencia policial fue fundamental porque se registró algún que otro altercado protagonizado por familiares de los ocupantes, quienes recriminaban a las autoridades el desalojo que se estaba llevando a cabo. No obstante, los agentes consiguieron serenar los ánimos y lograron, con mucho diálogo y paciencia, la cooperación de los desahuciados.

Paralelamente, la orden judicial se iba cumpliendo y diverso personal sacaba enseres y electrodomésticos de los moradores, propiedades que fueron depositadas en un patio que está junto a la casa de donde, a su vez, comenzaron a ser retirados por allegados de los ocupas.

El inmueble, que es propiedad del Ayuntamiento de Arona y para cuya recuperación el gobierno local tuvo que acudir a los juzgados denunciando que las antiguas escuelas estaban habitadas de forma ilegal, se encuentra en "mal estado", comentaron las mismas fuentes, que, además, resaltaron las pésimas condiciones de vida que presentaban los espacios desalojados. En esa línea, consideraron que la orden de desahucio dictada por el Juzgado número 5 de Arona "ha hecho un favor a sus ocupantes, porque ahora han sido derivados a las instalaciones del cámping Nauta hasta que se les busque una solución" a estas dos familias del municipio por parte de los Servicios Sociales del Ayuntamiento aronero.

En otras ocasiones

No es la primera vez que se ha recurrido al desalojo de este inmueble del núcleo poblacional de Cabo Blanco "porque hace aproximadamente cinco meses se traía la correspondiente orden, pero al final se suspendió para dar una oportunidad a sus ocupantes, pero al final se tuvo que actuar en vista de que no se querían marchar" del antiguo colegio, pusieron de relieve.

Al mismo tiempo que se procedía al desahucio y una vez comprobado que en el interior de la escuela reconvertida en vivienda no había nadie en su interior, operarios enviados por el ayuntamiento llevaban a cabo el oportuno tapiado de puertas y ventanas para evitar que sea de nuevo ocupado de forma ilegal, como ya había pasado.

Lucha judicial

La lucha por recuperar este inmueble no se centra en los últimos cuatro años, sino que con anterioridad a estas dos familias ya desalojadas había otras distintas, situación que motivó al Consistorio aronero al inicio de medidas legales para poder hacerse con el control del edificio.

Fuentes municipales destacan que a partir de ahora uno de los objetivos es declarar dicho complejo en ruinas para proceder a su demolición.