Los pequeños constructores lanzan un SOS

UNO DE LOS SECTORES productivos que pasa por una situación más angustiosa en Tenerife y su provincia es el de las medianas y pequeñas empresas constructoras, transportistas y de servicios ligadas a lo que se llama obra civil, es decir, obra licitada por administraciones públicas. El cúmulo de circunstancias que tienen en contra al empezar este periodo de enfriamiento económico en que hemos entrado es aterrador, no ya por su cantidad cuanto por su calado. De entrada, estas empresas, la mayoría de las cuales están asociadas en la Concap, la Confederación Canaria de Organizaciones Profesionales y consiguen contratos que oscilan entre los 600.000 y los tres millones de euros, acaban de hacer una renovación de maquinaría que, en suma, sobrepasa los 6 millones de euros, que deben amortizar lo antes posible. Sin embargo, lo que se encuentran es lo que sigue: caída de la contratación pública; competencia insalvable de los grandes holding peninsulares (los mismos que las suelen subcontratar) por culpa de una serie de requisitos de solvencia técnica que las empresas de aquí no pueden acreditar porque no les dan ocasión de adquirir la experiencia necesaria; presencia de estas grandes corporaciones nacionales (muchas de ellas ya multinacionales) en todo tipo de licitaciones (hasta las de 60.000 euros), como consecuencia de la crisis, desplazando de su único nicho de negocio a las empresas locales (una gran constructora tiene, por ejemplo, la concesión del mantenimiento de las calles de Santa Cruz de Tenerife); imposibilidad de acceder al crédito necesario para fianzas y otros pagos adelantados necesarios para acceder a determinadas adjudicaciones como consecuencia del retraimiento internacional del crédito; y, finalmente -y es lo que más les duele a estos empresarios-, un callejón sin salida para cambiar el marco legal que les permita acceder a mejores condiciones para competir con estas grandes compañías que ahora les quitan las obras que antes despreciaban. Como colofón de este último factor, el desinterés de las autoridades políticas por echarles una mano. En 2004 la Concap presentó una proposición no de ley en el Parlamento de Canarias, que se aprobó por unanimidad, instando al Gobierno a poner orden en el reciclado de residuos de la construcción, el llamado Plan de Actuación Territorial. Pues bien, tres años después sigue sin existir dicho plan. Un último apunte: mientras en la provincia de Las Palmas las pequeñas empresas del sector construcción-servicios asociados copan el 70% de la licitación pública a la que pueden aspirar, en la de Santa Cruz de Tenerife la situación es la inversa: aquí consiguen el 30%. El goteo de despidos y de contratos no renovados hace tiempo que empezó. Ahora lo que se avecina es algo peor. Y, por los indicios que se ven, al Gobierno de Canarias este problema no le quita el sueño.