DORY MERINO, Tenerife
En la más estricta intimidad y anonimato fue enterrado el pasado viernes en el Cementerio de Santa Lastenia (Santa Cruz) un inmigrante que había fallecido el 15 de octubre de 2007 en el Hospital Nuestra Señora de La Candelaria.
Se trataba de una persona indocumentada que había fallecido tres meses antes. Por mortaja, una sábana de ese centro hospitalario.
Sólo se sabe que es el número 18.600. Es la cifra de indigentes enterrados en Santa Lastenia.
Las pocas personas presentes en el sencillo acto no conocían su nombre. Eran los responsables de la Funeraria Memora -la que casi siempre se encarga de los indigentes- y el personal del Cementerio de la capital tinerfeña. Seis personas en total que llevaron a cabo el entierro con dignidad y respeto. Tampoco había familiares para despedirle ni nadie que lo hubiera podido conocer en los últimos momentos de su vida, por lo menos desde que llegó a Tenerife en cayuco.
Podría tratarse de alguno de los inmigrantes que alcanzaron el puerto de Los Cristianos el 14 de octubre de 2007. En esa expedición, de 90 personas, al menos seis presentaban síntomas de hipotermia severa y fue necesario su ingreso en un centro hospitalario.
En los entierros de inmigrantes llevados a cabo en Fuerteventura, en los años 2001, 2002 y 2003, siempre estaba presente algún representante de la Administración y se realizaban bajo el rito católico, siguiendo la costumbre del lugar. En cambio, el del pasado viernes no fue así. Un responsable de cementerio señaló que al suponer que el inmigrante sería musulmán, como la inmensa mayoría de los que llegan en cayuco, no se sigue el rito católico en el entierro.
El pasado martes, este periódico adelantó que siete cadáveres de inmigrantes fallecidos en cayucos esperaban en tres morgues tinerfeñas. Ahora ha sido enterrado el que llevaba muerto más tiempo, puesto que los otros seis corresponden a los tres fallecidos el cinco de diciembre y a otros tres cadáveres que llegaron en una expedición a primeros de enero.
La Ley de Policía Sanitaria Mortuoria regula todo lo relativo a los enterramientos, sin precisar el tiempo concreto que deben permanecer los muertos en las cámaras frigoríficas.
Algunas fuentes conocedoras de la materia señalan que un mes y medio es tiempo más que suficiente para que los familiares de un fallecido reclamen su cuerpo, pero, en todo caso, corresponde al juez ordenar el entierro de estos cadáveres.
La normativa indica que se debe extraer el ADN del cadáver para poder cotejarlo con el de los familiares que manifiesten serlo. Ninguno de los cientos de inmigrantes que están enterrados en el Archipiélago han sido reclamados por sus familiares.
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