El TSJC anula la adjudicación del servicio de abastecimiento de agua

EL DÍA, San Miguel de Abona

La sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) estimó parcialmente un recurso de apelación que interpusieron el Ayuntamiento de San Miguel de Abona y la empresa Entemanser, si bien confirmó una parte importante de la sentencia anterior referida a que en el pliego de condiciones no se estipulaba la puntuación que le correspondía a aspectos fundamentales en la prestación y calidad del servicio, referidos a cuestiones operativas y de organización del mismo.

Esta compañía, que no concurrió a dicho concurso, denunció en su momento el pliego de condiciones de contratación de tal servicio dando lugar a una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife, que también decidió "anular el acto impugnado y los producidos en su aplicación". El recurso ahora fallado, y presentado por la Corporación sanmiguelera durante el mandato anterior, revoca la decisión judicial anterior al entender que en tal pliego sí es correcta la parte alusiva a que la experiencia es un elemento a valorar en la adjudicación.

En su sentencia del pasado 13 de diciembre, el TSJC admite que el Ayuntamiento de San Miguel de Abona debió definir la proporción que le corresponde, de los 40 puntos que estableció para los aspectos operativos y de organización, a los apartados de personal, material, control sanitario del agua, plan de actuación en búsqueda de escapes y fugas, sistemas para su estudio, caudales de aguas disponibles y mejora de la calidad del agua de suministro.

El alcalde sanmiguelero, Valentín González Évora, tuvo conocimiento ayer por EL DÍA de la existencia del fallo del tribunal sobre el recurso que interpuso el consistorio y la empresa con cesionaria actual, Entemanser, limitándose a manifestar que los servicios jurídicos municipales estudiarán el contenido de la misma y la Administración local evaluará las consecuencias jurídicas y económicas que se deriven de dicha sentencia, tras lo cual se adoptarán las medidas oportunas y la corporación actuará en consecuencia.