LOS INCIDENTES registrados en todos los partidos a lo largo de esta semana, en que oficialmente se disolvieron las Cortes Generales, demuestran, una vez más, que no estamos en una democracia sólida, sino adulterada por las prácticas, escasamente democráticas, consolidadas durante más de treinta años por todos los partidos, creando, salvo honrosas excepciones, una clase política profesional, bastante mejorable, a juzgar por el poco aprecio que les demuestran las encuestas encargadas por los propios políticos con el dinero de todos.
Necesitamos motivar la participación popular y frenar la abstención con procesos de elecciones primarias para elegir a los candidatos; una reforma electoral que incluya la segunda vuelta y la obligación de que gobierne el partido más votado, así como que establezca porcentajes de votos mínimos por circunscripción más altos para obtener escaño en el Congreso o el Senado, y la adaptación del sistema proporcional a los censos de población existentes en la realidad.
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Como ya te he comentado en otras ocasiones, Pepe Ignacio, hubo un tiempo en España en que decidían los caciques. En otros tiempos primaban las hectáreas sobre la población y los españoles no eran iguales ante la ley. Ahora tampoco. Porque no hay democracia interna, ni en los partidos, cualquiera que sea su color o su ubicación en la convencional división entre izquierdas, derechas, de centro, independientes o mediopensionistas. Tampoco hay democracia interna en las instituciones, sean públicas o privadas, y sobre todo, en las instituciones arbitrales, contenidas en la Constitución, al no emanar su composición de la elección popular, sino de una elección de segundo grado entre los partidos, sindicatos, profesionales o asociaciones, por lo que sufren de todas las corruptelas, adulteraciones e influencias negativas, que acaban condicionando sus decisiones por la presión de los poderes políticos, mediáticos o fácticos.
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Al final, la validez del sistema sólo estará garantizada por el ejercicio sin trabas de la libertad de expresión por electores cada día con más y mejor educación e información plural, que deben contrastar, para discernir y fundamentar su sufragio, no sólo en las simpatías o fobias frente a los candidatos y sus partidos, sino en la trayectoria pública de ambos al servicio de la sociedad.
Para afianzar tu voto en conciencia, Pepe Ignacio, deberías tener la garantía de que los partidos proponen a sus candidatos, en base al "currículum" de cada uno, y no utilizar el dedo del gran elector en que se han convertido las cúpulas de algunos partidos.
Este procedimiento ya se ha visto que conduce a fosilizar una clase política, cerrada, cada vez menos valorada por los electores y con currículums educativos, profesionales y éticos "muy mejorables".
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Por eso, no es lo mismo dar el voto a quien no tiene un concepto firme sobre la nación que quiere gobernar -(ZP)-, o está dispuesto a negociar su integridad con los terroristas, para su fraccionamiento, sin contar con los ciudadanos, ni respetar la Constitución, ni los consensos básicos entre españoles. Consensos que no pueden estar cambiándose cada generación, ni adaptándolos a las necesidades del partido de turno.
Si los tribunales funcionan tarde y mal, ¿qué Estado de Derecho invocamos? Si el Tribunal de Cuentas emite sus juicios contables con seis o siete años de demora, ¿cómo le voy a reprochar a Solbes o a Zapatero, y con qué fundamento, el que hayan vendido más de 240 toneladas del oro del Banco de España a Rusia y otros países, justo a precios bajos, de lo que no han informado, cuando el oro ha vuelto a convertirse en un valor refugio y se cotizaba estos días a más de 914 dólares la onza troy?
¿Cómo sé, fundadamente, Pepe Ignacio, y por una instancia independiente y neutral, si ha funcionado bien la regularización de inmigrantes, la distribución de los recursos públicos que gestionan el Estado o las autonomías; la aplicación efectiva de los Presupuestos para aquello que fueron votados; si se aplicaron las decisiones que estaban en los programas de los partidos políticos que alcanzaron las mayorías para gobernar, o simplemente ha habido una mala gestión y un reparto injusto, desigual y basado exclusivamente en los intereses políticos del Gobierno saliente, de los fondos que pagamos todos?
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Generalmente, los partidos políticos no hablan en las campañas, ni en sus programas, de lo que dejaron de hacer, y el éxito o fracaso de sus programas políticos tiene que deducirlo el votante. Nos marean, en estos cincuenta días que restan para las elecciones, con datos que no resisten la comparación con la realidad que vive cada elector, en ámbitos básicos de su vida, como el de los precios que paga por comer, educar a sus hjos, garantizarse una salud adecuada y disponer de unas infraestructuras básicas, proporcionales al esfuerzo fiscal que se le exige, etc.
Pero para verificar que sus inquietudes o sus aspiraciones han estado más o menos satisfechas por los políticos de turno durante la Legislatura, el elector no recibe esa información, ni de quiénes le recaban de nuevo el voto, meros profesionales de la política, que convierten las campañas y debates en puro márketing electoral.
Porque ya se encargan los políticos de turno de ocultar los enjuiciamientos de cuentas del Tribunal de Cuentas o demorar sentencias del Tribunal Constitucional, como la de los recursos sobre el Estatuto de Cataluña, que incluso para los menos expertos es notorio que rompe la caja única, establece derechos desiguales entre españoles y sienta las bases del fraccionamiento de la nación... o el caso próximo y flagrante, por no citar una lista extensa, de las elecciones de Garachico aún sin resolver.
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Pero aquí hay que hacer o conseguir todo, "como sea", Pepe Ignacio, "slogan" preferido de la política zapaterista. Se modifican las leyes, sin respeto a la Constitución, ni a los procedimientos para cambiarlas. Se traspasan competencias a las autonomías que agrandan cada vez más la desigualdad de derechos entre españoles. Se aplican políticas en el ámbito de la Educación o de ciertos derechos humanos que son propios de la identidad de la persona, que son atropellados por los poderes públicos. Se invade la intimidad de las personas en aras de la seguridad, que se entrega a mafias y negocios privados, mientras se reducen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y se confía a voluntarios de otras naciones las Fuerzas Armadas que deben "garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional". O se entrega la garantía de los pasos fronterizos a empresas de seguridad privadas, que realizan grandes negocios a costa de reducir el número de componentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, y crear policías autónomos, mejor pagados, para garantizar la seguridad de cada autonomía.
Para adulteración, Pepe Ignacio, y mientras tanto... debates sobre la letra del himno nacional, la eutanasia, la monstruosidad del aborto, la futura educación de la ciudadanía, la crisis del ladrillo, la burbuja inmobiliaria, la reducción de las inversiones, la inflación, el paro, la deuda externa... para entretener al personal.
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