EL DÍA/AGIAS., Tfe./Las Palmas
La Dirección General de Comercio del Gobierno regional abordará los cambios que se producirán en el modelo comercial canario con la nueva directiva de liberalización del sector servicios de la Unión Europea (UE), en el marco de unas jornadas que se desarrollarán hasta el lunes en Las Palmas.
Entre otras cuestiones, provocará la desaparición de los actuales criterios de concesión de licencias comerciales, aunque el Archipiélago aplicará las excepciones previstas por razón de territorio y medio ambiente.
En estos términos lo explicó ayer el director general de Comercio, Arturo Cabrera, quien precisó que esta nueva normativa no supondrá en el Archipiélago una liberalización total del mercado porque previsiblemente podrá acogerse a las excepciones territoriales previstas por la UE.
La nueva directiva busca liberalizar el mercado y simplificar la administración pública, de manera que Canarias, en su proceso de adaptación a la nueva norma, tendrá que derogar los criterios de saturación comercial y la división de las islas por zonas de atracción y tampoco podrá solicitar a las empresas que se quieran instalar en un determinado lugar informes de viabilidad económica ni plan de empleo. Por tanto, cualquier empresa podrá instalarse siempre que no se lo impidan criterios de interés general, como por ejemplo la salud, o las restricciones de las planificaciones territoriales y medioambientales.
Descuentos duros
Así, comercios de descuentos duros, que hoy se pueden instalar en Canarias con determinados criterios, lo podrán hacer siempre que cumplan estos preceptos territoriales. Para ello, Bruselas tendrá que aprobar la adaptación normativa que elaborará Canarias y que precisa un proceso que se extenderá los próximos meses.
Dado que esta norma, que afecta a todo el sector servicios salvo educación, sanidad y transportes, entre otras, cambiará el modelo comercial de las Islas y requiere reflexión, la dirección general ha puesto en marcha este foro de debate junto a la asociación Asuican, que engloba al 90% de los supermercados de la comunidad autónoma.
Su presidente, Héctor Armas, aseguró que la nueva norma es comparable en importancia con la que estableció la creación de una moneda única y afectará también a los comercios que ya están abiertos, sobre todo cuando pidan un cambio de licencia o una ampliación de negocio, que ya no puede ser negada por razón de población o saturación del mercado.
Las jornadas se celebrarán entre mañana y el lunes en el Auditorio Alfredo Kraus y contará con presencia de todas las administraciones, incluido el Ministerio de Comercio, sector empresarial, cámaras de comercio y patronales.
El plazo para adaptarse a esta norma culmina a finales de 2009, aunque el Gobierno canario espera tener un documento redactado en marzo para remitir a las instituciones, incorporar las alegaciones pertinentes y, a mediados de año, contar con un texto consensuado que tendrá que aprobar una comisión interministerial, el parlamento canario, el Consejo de Ministros y Bruselas.
En caso de que cualquier comunidad no cumpla con el mandato de adaptar su normativa a la Europea, será España la que resulte denunciada ante Bruselas, por ello los estados miembros vigilan las adaptaciones en sus territorios, explicó el representante empresarial, quien, al igual que Cabrera, opina que el cambio será positivo.
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