Casi la mitad de los mayores de 65 años del municipio registra algún tipo de discapacidad

EL DÍA, Icod de los Vinos

Un 40% de los mayores de 65 años de Icod de los Vinos registra algún tipo de discapacidad frente al 5% del resto de la población, según se desprende del estudio dado a conocer por el concejal del Centro Canario (CCN), José Antonio Jara. En el estudio que dio a conocer ayer se indica que el 70% de los icodenses vive en el entorno familiar, el 15% alterna sus cuidados entre los diferentes hijos, el 3% vive solo, aunque supervisado (ayuda a domicilio), y el 12% está acogido en residencias.

Apunta que Icod de los Vinos tiene una de las poblaciones más envejecidas de Canarias y que la puesta en marcha del sistema para la autonomía personal y atención a la dependencia puede implicar la creación de muchos puestos de trabajo si se actúa con diligencia. De esta manera, señala su decidida apuesta por la Ley de Dependencia como generadora de puestos de trabajo.

Explica que "que empresas especializadas en servicios socio-sanitarios buscarán a más de 300.000 profesionales para prestar las atenciones previstas en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal.

Para el CCN, uno de los negocios que tiene un futuro prometedor es aquel relacionado con la Ley de Dependencia. Todas aquellas personas que deseen emprender un negocio deberán estar atentas a esta iniciativa porque generará empleo y riqueza en este sector sanitario y social. El estado de bienestar inicia este año en España una nueva y complicada aventura: poner en marcha a partir de 2008 el sistema nacional de atención a las personas dependientes, creado por la conocida como Ley de Dependencia (Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia). Su objetivo final es la extensión del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) a casi 1.500.000 ciudadanos con distintos grados de incapacidad para valerse por sí mismos.

Agrega que "Gobierno y empresarios especializados en prestar servicios sociosanitarios calculan que para afrontar este enorme reto se necesitarán unos 300.000 profesionales. No los hay en el mercado laboral, ni siquiera buscando fuera de España. Pasarán años antes de prepararlos, pero este cuarto pilar del estado de bienestar (los tres primeros son Sanidad, Educación y Pensiones) no puede esperar tanto. En todo caso, el nuevo pilar del estado de bienestar resulta imparable. Es más, llega a España con retraso, en comparación con los grandes países de la Unión Europea".

El edil centrista aclaró por otro lado que "en la puesta en marcha del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) están implicados el Ejecutivo central, que pone el 50% del dinero, y los Gobiernos autónomos, que deben aportar el otro 50% porque tienen transferidas las competencias en esas materias".

Previsiones

Destaca que "la infraestructura del servicio correrá a cargo, en su inmensa mayoría, de la empresa privada" y que "en España hay registradas 1.125.190 personas dependientes (de las cuales 826.500, aproximadamente, tienen más de 65 años), pero en el año 2010 serán 1.254.429. Una década más tarde, en 2020, los españoles dependientes con derecho a ayudas del SAAD sumarán 1.496.226".

El envejecimiento de la población en las Islas supondrá, a corto plazo, una mayor demanda de los servicios de protección a la dependencia, según el análisis realizado por el CCN.

En su informe apunta que "si en la actualidad la tasa de envejecimiento de la población canaria es menor en comparación con el conjunto del país o con Europa, las proyecciones demográficas coinciden en apuntar una convergencia rápida de las dichas tasas, pasando el porcentaje de personas mayores de 65 años sobre el conjunto de la población de las islas de un 11 a un 17 por ciento en apenas 15 años. Esto supone que el envejecimiento en el Archipiélago canario será más acusado en relación con la media estatal y europea, lo que provocará una importante presión de la demanda sobre los servicios sociales y sanitarios.

El CCN ha puesto de relieve que aunque el Gobierno de España ha aprobado la ley de atención a las personas dependientes, la acción social es una competencia autonómica.