EL DÍA, S/C de Tenerife
La familia González Gil, propietaria de la finca Montaña Carbonero, localizada en La Esperanza, municipio de El Rosario, inició los trámites de un recurso contencioso- administrativo contra el Plan General de Ordenación (PGO) ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), al considerar "que el proceso de elaboración del PGO para la zona se apoya en irregularidades".
Esta familia entiende que "el PGO nos impone una unidad de actuación en la que se recalifica suelo rural a urbanizable, incumpliendo lo establecido en el Plan Insular de Ordenación del Territorio respecto a estos terrenos". Los González Gil aseguraron que esta actuación les fue impuesta "porque no hubo interés por la parte municipal de llegar a un acuerdo y escuchar nuestras propuestas".
Área de Protección
Dichos terrenos se encuentran bajo la categoría de Área de Regulación Homogénea de Protección Ambiental 1, estableciéndose expresamente dentro del Modelo de Ordenación Comarcal la preservación de los conos volcánicos, entre los que se encuentra la Montaña de Las Carboneras. Esta categoría de suelo incluso prohíbe los movimientos de tierras, intervenciones sobre la red viaria y accesos, entre otras.
Asimismo, los Gil explicaron que "la actividad agrícola que se desarrolla en nuestra finca de 165.000 metros cuadrados y su capacidad para ello han sido reconocidas en varias ocasiones, no solo socialmente, sino a través de la concesión de subvenciones para la plantación y la adquisición de maquinaria agrícola por parte del Cabildo de Tenerife. De hecho, la aceptación de tales subvenciones suponía el compromiso de mantener la actividad agrícola como mínimo hasta el año 2010, que es lo que hemos estado haciendo desde hace mucho tiempo". La familia afectada de Montaña Carbonero aseguró que "no entendemos cómo un PGO puede ir en contra de los principios y objetivos recogidos en el PIOT, en el que se dice que se priorizarán las medidas que conserven, estimulen la implantación y la continuidad de las explotaciones; o en contra de la Ley de Directrices, en la que se resalta que dado el valor de las estructuras agrarias tradicionales debe evitarse la transformación de las mismas".
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