EL DÍA/AGIAS., Tfe./Las Palmas
El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, reiteró ayer a los industriales del Archipiélago su compromiso de movilizar al menos diez millones de metros cuadrados de suelo industrial que están calificados como tal en las Islas y no están siendo utilizados, y además se mostró dispuesto a dar los pasos necesarios hacia la simplificación de la carga normativa que "encorseta" el desarrollo del sector.
De los 14 millones de metros cuadrados de suelo industrial público en Canarias, sólo tres están ocupados. El Gobierno actuará para poner a disposición de los industriales el resto, comunicó ayer Rivero a la junta directiva de la Asociación de Industriales de Canarias (Asinca) tras mantener una reunión con ellos en Las Palmas de Gran Canaria.
Así lo explicó después del encuentro el presidente de esta patronal, Pedro Ortega, que informó de que la concesión administrativa sería una de las fórmulas a aplicar para el uso de este suelo, que se concentra sobre todo en Tenerife y Gran Canaria.
El precio del suelo industrial en Canarias sobrepasa los 700 euros el metro cuadrado y cuando se trata de ampliar zonas industriales "no tiene precio", aseguró Ortega, quien añadió que en el resto del país se puede conseguir por 30 euros el metro cuadrado.
Ortega expresó su satisfacción al conocer que el suelo industrial que el presidente del Gobierno anunció que se movilizaría no consumirá más territorio. Está inventariado por los cabildos y ya se trabaja para conocer cuál puede ser su uso. Una vez se conozcan las necesidades del sector, se pondrá a disposición de los industriales.
No obstante, en la reunión se advirtió de que será necesario "sortear la maraña administrativa" que existe para su uso. Ortega apuntó que para ello tendrán que hacer "un frente común todas las administraciones" por el bien del tejido industrial.
El vicepresidente regional y titular de Asinca en la provincia tinerfeña, Martín Tabares de Nava, comentó a EL DÍA que estaba "satisfecho" con las intenciones del Ejecutivo autónomo de impulsar la actividad industrial, pero recalcó que aún no se había "concretado" el proyecto de liberación de suelo.
Además, subrayó que de nada serviría conceder ese suelo si luego los industriales se encuentran con problemas administrativos y de planeamiento, por lo que insistió en la necesidad de evitar imponer más trabas al sector.
La potenciación de éste dependerá en gran medida, también, de las subvenciones que se concedan para el transporte, lo que ayudaría a paliar el aumento de precios, al igual que el reforzamiento de una herramienta específica para contrarrestarlo, el Régimen Específico de Abastecimiento (REA).
Tabares de Nava destacó los altos costes del traslado entre algunas islas, en especial de Tenerife a Fuerteventura y de Gran Canaria a La Palma. Respecto al REA, estimó que hay que valorar cómo ha afectado la subida de las materias primas, que han encarecido de manera importante algunos productos y provocado repercusiones importantes en la cesta de la compra. Asinca reclama más flexibilidad en el aprovisionamiento.
La patronal solicitó también el mantenimiento del Arbitrio sobre la Importación y Entrega de Mercancías (AIEM), "independientemente de que estemos dispuestos a que se eliminen el gravamen de algunos artículos", dijo Tabares de Nava. Manifestó que Asinca valora positivamente la disposición del Gobierno a mantener este impuesto, "indispensable para la producción local".
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