EFE, Caracas
El Episcopado venezolano expresó ayer su alarma por la "persistencia" en el país de graves problemas sociales como la "inseguridad y la corrupción", y reiteró su llamamiento a la "unión" de todos los sectores nacionales contra estos problemas.
La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) expresó su preocupación por el supuesto abandono de las zonas fronterizas con Colombia, "donde operan libremente los grupos irregulares y campean los negocios ilícitos como el lavado de dinero y el narcotráfico".
Al inaugurar la 89 Asamblea Ordinaria de la CEV, su presidente, Ubaldo Santana, reiteró la petición al gobierno de Chávez para que amplíe la recién aprobada Ley de Amnistía y que se beneficie a los llamados "presos políticos".
"Hay que seguir apostando por el poder constructivo del diálogo. La división ha alcanzado cuotas inquietantes", dijo Santana al leer un documento oficial.
Sobre la situación de los derechos humanos, la jerarquía católica señaló que en Venezuela "se siguen presentando preocupantes violaciones a los derechos de la persona", entre ellos "la persistencia de la inseguridad civil y jurídica".
Según datos gubernamentales, los secuestros aumentaron un 48% en 2007, cuando se registraron 382 casos, mientras que la organización humanitaria Provea cifró en 9.567 los asesinatos, un 10% más que en 2006.
La lentitud de la administración de justicia, la precaria situación de los detenidos por motivos políticos, las condiciones infrahumanas de vida de los detenidos en los centros penitenciarios y el creciente problema de la corrupción son asuntos relativos a los derechos fundamentales que preocupan al Episcopado, según Santana. Los venezolanos deben "trabajar juntos" para afrontar esos casos.
Reiteró la petición de que los "presos políticos" sean beneficiados con la Ley de Amnistía. Se refirió al caso de Nixon Moreno, un activista opositor que permanece desde hace casi un año en la sede de la Nunciatura a la espera de que se le conceda "asilo o refugio".
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