EFE, Caracas
El ex líder opositor venezolano Enrique Mendoza, acusado de delitos vinculados al golpe de Estado de 2002, se entregó ayer a la justicia y la Fiscalía pidió que sea considerado entre los beneficiarios de una amnistía recientemente decretada.
El abogado de Mendoza, Oswaldo Domínguez, declaró a los periodistas que se debe aplicar el decreto de amnistía a favor de su cliente porque siempre ha estado dispuesto a afrontar su juicio, tras lo cual la Fiscalía pidió al juzgado que le procesaba que deje sin efecto los cargos, al amparo de la nueva ley.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, promulgó el último día de 2007 una Ley de Amnistía política y un indulto para presos comunes, una atribución legislativa que la unicameral Asamblea Nacional (AN) le concedió a mediados de año conocida como "Ley Habilitante".
La amnistía, en beneficio de un número de condenados y procesados que Chávez no reveló, ampara a los acusados, principalmente, por delitos relacionados con el golpe de Estado que le derrocó durante 48 horas en abril de 2002, quienes deben reclamarla personalmente o por medio de sus abogados.
También abarca delitos vinculados a la huelga y al "sabotaje petrolero" que durante 63 días, entre finales de ese año y comienzos de 2003, presionó infructuosamente por la renuncia del gobernante, en una ofensiva política opositora en la que Mendoza figuró en primera línea.
La amnistía no beneficia a quienes rehuyeron los tribunales ni a los acusados de delitos contra los derechos humanos y lesa humanidad, cuyos familiares, abogados y seguidores la han criticado por ello, al igual que lo han hecho víctimas de esos hechos, que señalan la medida de perdón como alentadora de la impunidad.
La Fiscalía pidió a mediados de diciembre la prisión de Mendoza, ex gobernador del céntrico estado de Miranda, por la ocupación del canal de televisión estatal VTV durante el golpe y le acusó de asociación para delinquir y daños a propiedades públicas.
El abogado de Mendoza añadió que éste no se entregó antes porque dictaron contra él una medida de encarcelamiento el viernes y luego el tribunal que lo hizo entró en período de vacaciones.
Revisarán la ley
El parlamentario Juan José Molina, vicepresidente de la Comisión de Política Interior de la AN y representante del partido Podemos, recientemente distanciado de Chávez, anunció la semana pasada que el Legislativo revisará si Chávez "tenía la competencia para hacer esta Ley de Amnistía vía Ley Habilitante, porque no lo tenemos claro".
Tras ello, agregó Molina, "veremos la pertinencia de no haber incluido a todas las personas que pudieran disfrutar" de la amnistía.
Representantes de la Asociación de Víctimas del Golpe de Estado han denunciado que los abogados de unos diez agentes y jefes de la Policía Metropolitana de Caracas acusados de delitos contra los derechos humanos "encabezan las críticas" a la amnistía "como estrategia" para beneficiarse de ella.
Miembros de ese foro subrayan que el 11 de abril de 2002 los policías dispararon sus fusiles y ametralladoras contra partidarios de Chávez en los alrededores del palacio presidencial y que el Tribunal Supremo ya determinó que "no pueden ser objeto de ningún tipo de beneficio procesal".
Por el contrario, la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano alabó la amnistía, pero pidió a Chávez ampliarla "a todos" para que no existan "discriminaciones".
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