M.CH., Los Llanos
El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane ha dejado claro en diversas ocasiones, coincidiendo con diferentes debates plenarios en los que se ha puesto sobre la mesa la futura aprobación del Plan General del municipio, tanto con la finalización de la pasada legislatura como con el inicio del nuevo mandato, que el nuevo documento de ordenación no podrá dar respuesta a todas las viviendas ilegales, pero del estudio del documento presentado por el grupo de gobierno en las comisiones de análisis que se han desarrollado antes de que se proceda a su aprobación inicial se desprende que sí se dará cobertura legal al 100% de las unidades de carácter residencial existentes en los núcleos rurales de la localidad.
Desde el consistorio se ha dejado claro, durante las reuniones para estudiar el texto, que "donde hay una casa aislada no se puede poner una bolsa de suelo para legalizarla y si hay alguna en un espacio natural o que esté ocupando vías de desarrollo o sistemas generales, tampoco se puede legalizar". Sin embargo, el nuevo planeamiento, tal y como se ha diseñado, cuenta con instrumentos suficientes para dar cobertura legal a casi todas las viviendas de uso residencial que están en conflicto con la normativa en este momento, unas 100 aproximadamente, según las previsiones con las que cuenta el propio ayuntamiento.
El documento, al que ya se le han incorporado las sugerencias previas realizadas por los vecinos a raíz de la ronda de contacto por los barrios, como su propio nombre indica ordenará el suelo en todo el municipio, permitiendo que estas viviendas, situadas fuera del casco urbano llanense, se hayan recogido dentro de los asentamientos rurales o agrícolas que se han contemplado en el mismo, así como con otros estatus especiales que permitirán regularizar la situación de las mismas, en algunos casos en los que la inclusión en asentamientos no sea posible pero mantengan criterios que permitan su legalización.
En cualquier caso, el grupo de Gobierno de CC en Los Llanos de Aridane considera que la situación de irregularidades vinculadas a la urbanización del suelo en este municipio es mucho más aceptable que en muchas otras localidades de Canarias, teniendo en cuenta que se han contabilizado más de 6.000 viviendas ilegales en todo el Archipiélago.
Hace ya dos años el Ayuntamiento llanense solicitó al Gobierno de Canarias la suspensión cautelar de varias sanciones y demoliciones de viviendas en el municipio, a excepción de las construidas en espacios naturales protegidos o en suelo considerado de dominio publico, hasta que concluyese la tramitación parlamentaria de una Proposición no de ley presentada a este respecto. Pero desde el consistorio siempre se ha mantenido una postura contraria a condicionar el Plan General del municipio a la salvaguarda de estas viviendas ilegales, teniendo en cuenta que se trata de un documento que se basa en la legislación territorial".
Sin embargo, tal y como ha reconocido el grupo de Gobierno local, "es evidente que la problemática de las viviendas irregulares en suelo rústico es una realidad que origina problemas a muchos vecinos que se encuentran con la incertidumbre ante el futuro que espera a sus hogares. Una situación que no sólo entra en relación con problemas urbanísticos, sino que, fundamentalmente, se convierte en un problema social".
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