El PSC califica de "abuso" que el consistorio pague las minutas

J. FEO, Arona

El pago de la defensa jurídica por parte de las arcas municipales de la anterior junta de gobierno local de Arona, que estuvo integrada por el alcalde, José Alberto González Reverón, y los concejales Félix Sierra (PP), Manuel Barrios (CAN), Daniel Martín (CAN), que todavía siguen siendo miembros de la Corporación local, y de Sebastián Martín (CC), Alfonso Barroso (CC), Juan José Alayón (CC) y José Luis Rodríguez (CAN), por un presunto delito de corrupción urbanística "es un abuso", así de contundente se manifiesta el portavoz del PSC en dicho ayuntamiento, Francisco García Santamaría.

El concejal resalta que "hemos solicitado por Registro de Entrada el 24 del pasado mes el acuerdo plenario adoptado en la sesión del 20 de diciembre para presentar un recurso de reposición y en el caso de que el gobierno local no lo acepte, entonces procederemos a su impugnación a través de la vía judicial. Sin embargo, la certificación anteayer no se había hecho y nos dicen que la fuésemos a buscar después de Reyes".

El motivo de llevar a cabo una iniciativa se debe a que, "aparte de que es un abuso, todas las consultas jurídicas que hemos realizado coinciden en asegurar que dicho acuerdo es ilegal", comenta el edil, quien destaca que "la primera minuta de los abogados defensores, uno del colegio de Santa Cruz de Tenerife y otro de Madrid, ha supuesto un desembolso de unos 65.000 euros".

El socialista expresa que "es de sentido común que unas personas acusadas por la Fiscalía e imputadas por un juzgado no utilicen dinero público para sus gastos de defensa, por lo que el acuerdo adoptado por el gobierno local, con el apoyo del PP, es algo que sale de toda lógica posible e intentaremos que quede sin efecto para evitar que salga más dinero".

García Santamaría también critica que el alcalde, "sabiendo que tenía intención de pagar con dinero público su defensa, haya recurrido a un bufete de Madrid para contratar sus servicios, con lo que las minutas van a ser mucho más elevadas de lo normal que si se hubiera elegido cualquier despacho de abogados del Archipiélago, pero curiosamente para defender los intereses generales del consistorio ante la justicia sí son válidos los letrados de aquí, argumentos que entran en contradicción".