La rapidez de la Justicia

CADA VEZ estoy más convencido de que el ciudadano medio, el hombre de la calle, como ahora se dice, lo que exige de la Justicia es que sea rápida, porque ya se sabe que la rapidez implica seguridad. Ya existen los llamados juicios rápidos, pero no es suficiente.

El ciudadano desea saber, a la mayor brevedad posible, la suerte que va a correr su reclamación. Que se le dé a conocer de forma inmediata. Que con rapidez se establezca el orden perturbado, y eso, en definitiva, es hacer justicia.

Que se diga, claramente, lo que se debe hacer y aquello que se debe omitir. Que esto se le exprese con palabras claras, sencillas, al alcance de cualquier persona, y no con un lenguaje intrincado, difícil de comprender, complicado de interpretar, nunca con lenguaje forense, incomprensible para el hombre medio, sino con sencillez.

Y estas reflexiones me vienen a la mente, meditando en temas de rabiosa actualidad, que diariamente ocupan las columnas de nuestros rotativos. Uno es el de la seguridad ciudadana, y el otro, el de los llamados delitos de opinión.

Es posible que una de las causas del aumento de la inseguridad ciudadana se asiente en la profunda crisis familiar moral y religiosa, que resulta fácil constatar en nuestro entorno ciudadano. Se dice que existe una evidente correlación entre el paro y la delincuencia callejera en materia de seguridad.

Es necesario actuar rápida y drásticamente, siempre acorde con la ley y con el cuadro existente de derechos constitucionales y libertades públicas, para erradicar esa inseguridad, permitiendo elevar el nivel de pacífica convivencia y mejorar la imagen de la comunidad. El Estado, nos consta, tiene sobrados medios para ello.

En la otra cuestión, en los llamados delitos de opinión, tratar de abandonar la vía penal que debe ser de intervención mínima, para castigar en vía civil con fuertes sumas económicas a todos los que insultan, menosprecian o, de alguna manera, públicamente deterioran o ponen en tela de juicio la imagen ajena.