Los representantes públicos pedirán a Rivero ayudas para el transporte público

EFE, San Sebastián

Los representantes públicos de La Gomera se reunirán hoy con el presidente del Gobierno regional, Paulino Rivero, para pedir que se establezcan ayudas al transporte marítimo.

Así lo aseguró en un comunicado el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, quien explica que se trata de una reivindicación que surge tras el "desmesurado incremento de precios" que han registrado las conexiones interiores y el consiguiente perjuicio para los vecinos.

Curbelo asegura que Cabildo, ayuntamientos y diputados insulares coinciden en la urgencia de restablecer la obligación del servicio público que hasta el pasado mes de noviembre se aplicaba a la línea marítima que enlaza los pueblos del sur con la capital insular. Subraya que "las comunicaciones marítimas son un servicio prioritario para toda Canarias y especialmente para las islas menores".

Añade que "si en verdad queremos luchar contra la dispersión territorial y propiciar la igualdad entre todos los residentes del Archipiélago es necesario contar con unas vías de comunicación marítimas y también aéreas cómodas y asequibles al bolsillo de los ciudadanos".

El presidente insular recuerda que los enlaces desde Valle Gran Rey que hasta el pasado mes costaban 3,58 euros han pasado a costar más de 8,5 euros.

Explica que la razón de esta alza es que el pasado 5 de noviembre expiró el plazo de duración del contrato administrativo especial suscrito con la Consejería de Transportes del Gobierno de Canarias, por el que esta línea de transporte marítimo regular de pasajeros se servía en régimen de obligaciones de servicio público.

"Se han suprimido, por tanto, las ayudas con las que el Gobierno respondió a las demandas y las necesidades de la población gomera, que sufre un grave revés y una evidente merma en las comunicaciones", concreta Curbelo, que se refiere a los transportes como la única fórmula para salvar la dispersión del territorio, además de asegurar la unidad regional, e insiste en la necesidad de introducir mejoras en la obligación de servicio público para garantizar una solución estable y definitiva.