Fepeco alerta de la falta de suelo para construir viviendas protegidas

EL DÍA, S/C de Tenerife

El retraso en la aprobación de los planes generales de urbanismo de muchos de los municipios es una de las grandes preocupaciones que, en los últimos meses, ha venido expresando la Federación Provincial de Entidades de la Construcción (Fepeco).

Entre los problemas que este hecho genera en el sector se encuentra la falta de suelo disponible para construir viviendas protegidas. Así se lo transmitió el martes el director gerente de Fepeco, Óscar Izquierdo, a la nueva responsable del Plan de Vivienda del Gobierno de Canarias, Mabel González.

En este sentido, Izquierdo manifestó la "disposición de los empresarios a hacer todas las viviendas protegidas que se necesiten en las Islas, siempre y cuando exista suelo a disposición del sector a precios adecuados", informó la federación a través de un comunicado.

Por su parte, la jefa del Plan de Vivienda de Canarias reconoció "la importancia que tiene el factor suelo como limitador de la política del Gobierno", así como la "preocupación que existe en el Ejecutivo ante la posibilidad de que se pierda dinero asignado a las actuaciones de vivienda pública por este motivo".

Para el director gerente de Fepeco, y en la línea que ha defendido su presidente, Antonio Plasencia, la culpa la tienen "los propios ayuntamientos, que parecen no haber tomado conciencia de la responsabilidad que tienen en materia de suelo".

Carga fiscal

En otro contexto, un estudio del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) refleja que la carga fiscal que ejercen las comunidades autónomas a los promotores y compradores de viviendas es "excesiva" y aboga por que se "replanteen" estos impuestos para favorecer la reactivación del mercado inmobiliario.

El miembro del consejo directivo del REAF, Francisco Ropero, dio a conocer ayer los resultados de este informe, donde se concluye que las administraciones autonómicas "inflan mucho el valor de la vivienda". Además, se pone de manifiesto que, a lo largo del tiempo que se precisa para construir una vivienda, las autonomías cobran hasta en siete ocasiones al promotor y comprador el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD), un gravamen que sería "interesante reducir", expuso.

Ropero explicó que la carga fiscal sobre el coste real se eleva en el caso del promotor hasta el 21,64% y para el comprador al 17%. De esta cantidad de impuestos, el estudio refleja que el 35,59% lo recauda la administración autonómica por el impuesto de transmisiones patrimoniales y, sobre todo, los AJD.

Por su parte, la administración local percibe el 26,8% por el gravamen de construcciones, mientras que el Estado recauda el 37,67% por el impuesto sobre el valor añadido (IVA).