El aborto, sin hipocresía

De nuevo el aborto, al hilo de unas presuntas violaciones flagrantes de la normativa que lo regula, ha saltado a la polémica, a instancias de un sector de la dirección socialista, aunque finalmente ha sido apartado por Zapatero del debate y del futuro programa electoral del PSOE. La razón de este retorno es, sin duda, el hecho de que la regulación vigente de la interrupción del embarazo ha quedado anticuada, como se ha visto al hilo de las irregularidades denunciadas y reprimidas en Barcelona y Madrid.

La despenalización de la interrupción del embarazo en los conocidos tres supuestos -el terapéutico, el eugenésico y cuando el embarazo es fruto de una violación- se hizo en 1985, en medio de una comprensible polémica, en la que la derecha expresó su oposición frontal a la medida. Contra aquella reforma del Código Penal fue interpuesto un recurso previo de inconstitucionalidad, que asimismo dividió a esta alta institución, que, tras reconocer que el no nacido es un bien jurídico protegible pero no de manera absoluta, declaró parcialmente inconstitucional la medida, aunque no en sus aspectos sustantivos (incrementó el rigor jurídico de las cautelas que se habían establecido), mediante una decisión que provocó el empate de seis magistrados contra seis, que fue resuelto gracias al voto de calidad del presidente, a la sazón García Pelayo.

Once años tardó todavía la derecha en alcanzar el poder, pero cuando lo hizo se guardó de volverse atrás. El aborto, como bastante antes sucediera con el divorcio, se había insertado en la cultura política de la sociedad española y la ciudadanía no hubiera entendido una retractación. Tácitamente, se había hecho el consenso entre los dos grandes partidos, que ha durado hasta ahora. Y ni siquiera las instituciones religiosas opuestas al aborto han ejercido una presión relevante para cambiar la situación, quizá convencidas de que su esfuerzo resultaría inútil.

Hasta hace apenas unos días, no se había sugerido la posibilidad de reformar una norma que había resuelto aceptablemente el problema, aunque bajo un sobreentendido perfectamente hipócrita: el supuesto que permite abortar para preservar la salud psíquica de la madre ha sido el aliviadero por el que han discurrido casi todos los abortos -más del 90%-, sin otro requisito real que la voluntad expresa de la mujer. La denuncia presentada contra algunos médicos de Barcelona y de Madrid, en el sentido de que se practicaban abortos sin acreditar plenamente la fragilidad psicológica de la embarazada, no ha hecho más que sacar a la luz una situación que casi todo el mundo conocía y toleraba.

Por añadidura, la normativa vigente, en su momento improvisada, establece plazos para el aborto eugenésico, cuando el feto tiene malformaciones graves -22 semanas-, y cuando el embarazo es consecuencia de un delito de violación -12 semanas-, pero no hay establecido plazo alguno para el aborto terapéutico. Carecen, pues, de sentido las protestas de algunas asociaciones antiabortistas que, con un gran alarde descriptivo, han denunciado que los abortos presuntamente ilegales de Barcelona y Madrid se produjeron además cuando las mujeres se hallaban en una estado de gestación muy avanzado... Este supuesto es, en realidad, un coladero por el que pueden deslizarse todas las demandas de interrupción del embarazo.

Así las cosas, es claro que existe una laguna de inseguridad jurídica para la mujer, ya que no está tasado con el debido rigor el supuesto terapéutico que legaliza la interrupción del embarazo. Y, de hecho, la práctica totalidad de los países de nuestro entorno ya han sustituido las fórmulas despenalizadoras como la española por una ley de plazos, que autoriza el aborto incondicionalmente durante las doce o catorce primeras semanas de embarazo. El último país en hacerlo ha sido Portugal, cuyos debates morales de la sociedad civil son muy parecidos a los nuestros.

Dicho esto, hay que añadir acto seguido que es razonable que el PSOE, tras haber surgido de su Ejecutiva una propuesta imprevista e inesperada y después de negarse el martes en el Congreso a dar luz verde a una reforma improvisada a instancias de Izquierda Unida, haya decidido apartar este asunto de la encendida polémica partidaria preelectoral con la intención de aplazarlo hasta la próxima legislatura, en la que se buscará consenso con la oposición. Efectivamente, aunque nada queda en sentido estricto fuera de la política, es manifiesto que esta cuestión, para la que la opinión pública reclama gran delicadeza y sensibilidad, debería mantenerse en un plano ético y humanista, y por lo tanto suprapolítico, capaz de suscitar grandes consensos transversales. Si así fuera, se habrían dado pasos hacia la madurez democrática, que falta nos hace.