G.M. S/C de Tenerife
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a Ángel F.S.A. al pago de 97.964 euros a Catarossi Inmobiliaria por un delito de apropiación indebida y ha absuelto de este delito y del de estafa continuada y de falsedad documental al arquitecto Manuel M.C.G. y al subdirector de una sucursal bancaria, Mauro P.E.
En la sentencia, el Tribunal destaca lo complejo de la causa, que, además de remontarse hasta 1998, está caracterizada por un elevado número de operaciones monetarias no contabilizadas.
Los hechos comenzaron cuando, como consecuencia de una grave enfermedad, la administradora única de Inmobiliaria Catarossi concedió un poder ilimitado al principal acusado, Ángel F.S.A., para la construcción de un centro comercial frente al Jardín Botánico del Puerto de la Cruz. A raíz de su convalecencia y de la confianza depositada en él, pronto la propietaria comenzó a firmar letras de cambio, contratos y todo tipo de documentación en blanco convencida de que iban a ser destinadas a facilitar y financiar las obras.
Por su parte, y así lo considera probado el fallo judicial, el apoderado consiguió un crédito hipotecario de 2.560.240,96 de euros con una entidad bancaria para construir el inmueble, cuyo dinero se libraría poco a poco en función de los plazos que se fueran cumpliendo en la obra. Sin embargo, Ángel F.S.A. destinó una letra de cambio de 6.325,30 euros a sufragar una deuda particular contraída con una empresa de viviendas de la que él era socio, haciendo poco después exactamente lo mismo con otra empresa inmobiliaria pero por valor de 9.361,44 euros. Estos son los dos únicos hechos que el Tribunal ha considerado constitutivos de delito, desestimando en su totalidad las pretensiones del Ministerio Fiscal y de la Acusación Particular referentes a una trama organizada por la que Ángel F.S.A. habría actuado en connivencia con los demás acusados para hacerse con cerca de siete millones de euros del patrimonio de la empresa Catarossi.
En este sentido, la sentencia considera que, pese a que en la vista oral el principal acusado reconociera que había presentado contratos falsos para conseguir por adelantado el dinero del banco, el Tribunal considera este hecho no interfiere en lo denunciado, puesto que el dinero era para construir el edificio y éste se construyó y finalizó tal y como reconocieron los diferentes peritos que prestaron declaración. De tal manera que se afirma "si no podemos afirmar que la sociedad Catarossi ha sido perjudicada por dicha falsedad, al no demostrarse que el dinero de la cuenta no se dedicó al destino convenido, sólo puede alegar perjuicio el banco, que no sólo no se ha personado como perjudicado ni reclamado ningún concepto, sino que además figura como acusado a causa de las responsabilidades civiles".
Asimismo, el fallo hace especial mención al hecho de que las entradas y salidas del dinero de la sociedad no fueran controladas con un libro de asientos o con una contabilidad fiable, por lo que asegura que "ante la deficiente gestión económica y empresarial que se detecta, en la que no hay balance anual, ni se registran las cuentas ni se convocan las preceptivas juntas generales, en la que la administradora paga mediante documentos en blanco firmados por ella misma, carga deudas personales, etc. se imposibilita el control de la sociedad durante y después de la gestión realizada por Ángel F.S.A.".
Sin embargo, la condena fijada por la Audiencia Provincial se aleja mucho de las pretensiones de la denunciante y titular de Catarossi Inmobiliaria, María P.R.N., que manifestó en la vista oral que "los que están sentados en el banquillo me han dejado en la ruina, por lo que le pido a Tribunal que les obliguen a que me devuelvan todo lo que me han quitado", haciendo referencia a los 6.975.806,45 de euros.
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