PSOE pide aborto libre

LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA del embarazo, regulada en una norma que contempla tres supuestos legales, parece estarse infringiendo en algunas clínicas privadas. Ayer detuvo la Guardia Civil a siete médicos supuestamente implicados en la red clínicas abortivas que se ha descubierto recientemente en Barcelona, con derivaciones en Madrid. El progresismo político atribuye a la derecha "más rancia" las denuncias que han puesto a jueces y policías en la pista de los abortos ilegales. La comisión de delitos no debiera nunca mirarse pasivamente por la sociedad, aunque la ley infringida le parezca al feminismo más activo y hasta a algunos penalistas desembarazados de todo iusnaturalismo restrictiva y, por tanto, ampliable.

En la reunión que ayer celebró la dirección del PSOE, varios dirigentes de ambos sexos, tras la intervención de la secretaria política de Igualdad, Maribel Montaño, coincidieron en pedir que en el programa electoral del partido se incluya la reforma de la ley actual, con sus tres supuestos, para convertirla en una ley de plazos, es decir, de aborto sin restricciones, absolutamente libre. A Zapatero, que anda en estas vísperas electorales templando gaitas para no soliviantar ni al centro sociopolítico ni a las jerarquías eclesiales, una reforma legal de esta naturaleza le sugiere pérdida de votos hasta en algún sector del electorado socialista tradicional. Pero ayer atendió aparentemente las voces reformistas diciendo que hay que afrontar este tema de alguna forma en el programa. La ambigüedad de la frase descartaría ya una ley de plazos, aunque una reforma menos radical, por moderada que fuera, encendería algunos altavoces tronitonantes, de la ciudadanía conservadora y de sectores muy diferenciados, de confesión cristiana, dentro del socialismo, sin altavoces sonoros.

Se ha sabido con motivo de la red de clínicas abortistas, con prácticas ilegales, que sólo el 3 por ciento de los abortos se realizan por la Sanidad Pública, mientras que el 97 por ciento, y con menor control de la autoridad, en clínicas privadas.

Tal desequilibrio invita a sospechar que en algunas de las clínicas privadas que, en la práctica, responden ante sí mismas de su propia moralidad, los abortos ilegales tal vez representen una parte sustancial del negocio.

Al conocer ayer la consejera de Justicia de la Generalidad, Montserrat Tura, la detención de los siete médicos en Barcelona, lamentó que "este tipo de prácticas (refiriéndose al delito del aborto ilegal) permita que se cuestione una ley que en su momento fue muy importante?".

Contra la ley actual no se ha presentado, desde su vigencia, ninguna propuesta de derogación, por lo que es lícito considerarla parte del consenso sociopolítico, aunque durante su gestación produjera tensiones fortísimas en la sociedad española. Una ley de plazos o de aborto libre instalaría a los siete médicos ayer detenidos en un marco de total inocencia. Pero es posible que, tras haber dado ZP parte de la razón a algunos miembros de la dirección socialista, ordene que el asunto vuelva al estado de hibernación porque actualmente la estrategia consiste, entre otras iniciativas, en templar gaitas.