COLPISA, Madrid
El Tribunal Supremo (TS), tras casi cuatro años de trabajo y discusiones, reconoció ayer que no puede embargar y liquidar las más de un centenar de herriko tabernas que hay en el País Vasco y Navarra porque no tiene pruebas suficientes para demostrar que son propiedad de Batasuna.
Los 16 magistrados de la Sala Especial del Supremo, ante la constancia de la falta de pruebas, acordaron por unanimidad "la improcedencia de decretar en este momento el embargo" y dictaron una especie de archivo provisional del asunto. La decisión se tomó en el marco del proceso de liquidación de todas las propiedades de Batasuna que este mismo tribunal ordenó el 27 de marzo de 2003 en la sentencia que declaró la ilegalización de la formación independentista por ser el "frente institucional" de ETA.
La resolución pone punto final a más de un año de reuniones y diligencias del TS, que comenzaron cuando en octubre de 2006 la mayoría de los jueces dieron por buenas las conclusiones del informe del equipo de liquidadores de Batasuna, compuesto por tres inspectores de Hacienda, que ahora han quedado en papel mojado.
El documento de los peritos concluyó que era "necesario" extender la liquidación de los bienes del partido ilegalizado al patrimonio de la red de herriko tabernas que, pese a ser "formalmente ostentadas por determinadas asociaciones culturales o sociedades mercantiles", en realidad "pertenecen, ma-terial y efectivamente, a la propia Batasuna".
Los 16 magistrados detectaron que se habían metido en un callejón con salida más que incierta du-rante la pasada primavera, cuando dieron audiencia y derecho a alegaciones a los titulares legales de los 117 locales en cuestión. Todos ellos demostraron que las propiedades están registradas a su nombre y apellidos y negaron vinculaciones o tratos con Batasuna.
El TS comunicó ayer su decisión a las partes implicadas en el proceso de liquidación, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, y les aclaró que si, pese a todo, consideran que los inmuebles citados deben ser embargados tendrán que acudir a los juzgados civiles ordinarios para probar, local por local y partido judicial por partido judicial, que los titulares del registro no son los propietarios reales sino testaferros que ocultan la propiedad de Batasuna. En concreto, indicó que toma la decisión "sin perjuicio de que las partes ejerzan las correspondientes acciones de levantamiento del velo a través del proceso declarativo aplicable".
Desde la Fiscalía apuntan como probable que darán la decisión por buena y no emprenderán acciones civiles, ya que el TS llega a la misma conclusión que esta institución defendió hace más de un año.
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