EFE, Bruselas
El nuevo Tratado de Reforma de la UE que firmarán hoy sus 27 jefes de Estado y de Gobierno en Lisboa refuerza el papel de la política exterior común y otorga un peso mayor al Parlamento, que se traducirá en una toma de decisiones más democrática.
Este Tratado es fruto del "no" que dieron hace más de dos años a la llamada Constitución Europea los ciudadanos franceses y holandeses, en parte por temor a perder soberanía nacional.
Se ha intentado al máximo conservar su esencia, y en muchos casos tan sólo se ha cambiado el nombre de cargos e instituciones para que no parezca que se habla de un "superestado" europeo.
El texto que regulará la administración y las decisiones de 27 países y casi quinientos millones de ciudadanos entrará en vigor en enero de 2009, con un presidente estable de la Unión.
Elegido por un período de dos años y medio y renovable una vez, se han barajado nombres para este cargo como el del ex primer ministro británico y actual enviado del Cuarteto para Oriente Medio, Tony Blair, y el primer ministro lu-xemburgués, Jean-Claude Juncker.
No obstante, permanece la figura de las presidencias de turno semestrales de los países de la Unión para algunas de las carteras, y se seguirán celebrando ciertas reuniones en sus territorios.
El Parlamento Europeo, la única asamblea supranacional elegida por sufragio directo, ha vuelto a ganar importantes poderes con la reforma acordada.
La Eurocámara ve ampliadas sus competencias en áreas hasta ahora reservadas a la cooperación intergubernamental como los asuntos de justicia e interior, y se pasa de 36 a 86 materias en las que habrá codecisión con los gobiernos, en asuntos tan relevantes como la agricultura y la pesca.
La búsqueda de una mayor "democracia" ha llevado además a conceder más papel a los Parlamentos nacionales y a reconocer la iniciativa popular: un millón de ciudadanos podrán pedir a la Comisión que proponga una medida legislativa.
Otra de las principales políticas comunes que se refuerzan son la diplomacia y la defensa, con un Alto Representante para Asuntos Exteriores y la Política de Seguridad, que será al tiempo vicepresidente de la Comisión Europea y tendrá a sus órdenes un servicio de acción exterior que incluirá "embajadas" en países terceros. Se da por hecho que Javier Solana ocupará este cargo, que en la anterior versión le daba título de "ministro".
Otro de los principales logros del Tratado es la Carta Europea de Derechos Fundamentales de los ciudadanos de la Unión, que deberán ser respetados por sus instituciones. Una vez más para evitar el rango "constitucional", esta Carta no figurará en el nuevo documento, pero se reconocerá su carácter vinculante. No sólo contempla los derechos civiles y políticos clásicos, sino otros más avanzados, característicos de una cierta "civilización europea", como son los derechos sociales de los trabajadores, la protección del medio ambiente o el derecho a una buena administración.
Derechos
También el respeto de la dignidad humana, la prohibición de la tortura, de la pena de muerte, el derecho a la libertad y a la seguridad, a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, o de ex-presión y de información, entre otros.
El Reino Unido, que siempre teme perder soberanía y ver afectada su legislación, ha obtenido importantes aclaraciones y restricciones tanto en la aplicación de la Carta de Derechos a su territorio como en la garantía de que su política exterior nacional no se verá mermada. Asimismo, Polonia ha querido autoexcluirse para evitar, alegan, que los homosexuales puedan exigir su derecho al matrimonio o las mujeres al aborto.
En aras de la simplificación, con el nuevo Tratado desaparece el derecho de veto en cuarenta ámbitos de acción suplementarios, incluidos el asilo, la inmigración y la cooperación policial y judicial.
Además, el tamaño de la Comisión Europea se reducirá de los 27 comisarios actuales a un máximo de dos tercios del número de estados miembros, a partir de 2014.
La UE se sumió en una profunda crisis cuando Francia y Holanda rechazaron el proyecto de Constitución.
Quizá por ello, los países han preferido esta vez curarse en salud y ratificar el texto por vía parlamentaria durante 2008, en vez de hacer una consulta popular -salvo en el caso de Irlanda, donde es un imperativo legal-.
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