Tenerife
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DOMINGO, 9 DE DICIEMBRE DE 2007
EDITORIAL

Temor y estrechez democrática

La semana que hoy termina comenzó con unas declaraciones del presidente de CajaCanarias, Rodolfo Núñez ?recogidas en un medio que se edita en Tenerife, pero de origen canarión?, que demuestran, tal y como aseveramos hace siete días en esta misma página, que Tenerife parece estar despertando del sopor al que la metrópoli y sus gobernantes tienen sometido al Archipiélago. A juicio del máximo responsable de la citada entidad de ahorro, "existe en Canarias un componente latente de independentismo larvado que está ahí y que hay que gestionar. Hay encuestas que yo he visto que demuestran que los vínculos que nos apegan al resto del Estado son más frágiles en Canarias. Es más difícil ?añadía? ser independentista en Andalucía que en Canarias y eso hay que gestionarlo a la hora de reclamar del Estado un tratamiento especial para Canarias...".

Las palabras de Rodolfo Núñez son una clara muestra de que en las Islas hay mucha gente, prácticamente todo el pueblo, que piensa como viene exponiendo y explicando EL DÍA. Lo que sucede es que por temor evita manifestar abiertamente su postura. Por eso, aquí, al contrario que en otros lugares de la Península Ibérica, no hace falta un referéndum de autodeterminación, sólo un Estatuto de Autonomía que otorgue a Canarias lo que se merece y la habilidad política suficiente para negociar su aprobación en el Congreso, de acuerdo con lo que establece la Constitución Española.

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A propósito de las declaraciones de Rodolfo Núñez, advertirmos al presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, partidario, según dejó entrever recientemente en Madrid, de la fusión de CajaCanarias y la Caja Insular de Ahorros de Canarias, de que cualquier operación distinta a la absorción de esta última por parte de la entidad presidida por Núñez sería una nueva derrota de Tenerife y, lo que es más grave, poner en manos de los dirigentes políticos y empresariales de la tercera isla los ahorros de tinerfeños, palmeros, gomeros y herreños. Insistimos, la única fórmula admisible es la absorción con sede y mandos en y de Tenerife. Perpetuos.

En referencia a este último aspecto, coincidimos con el presidente de CajaCanarias que la persona que debe relevarlo al frente de esta entidad "necesita independencia, profesionalidad, honradez y solvencia moral" y, por supuesto, no debe ser un cargo político.

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Nuestras reticencias a una posible fusión de las dos cajas no son un capricho, sino consecuencia de que con los "grancanarios" no podemos vivir porque no habrá paz nunca. Es más, nos atreveríamos a decir que es necesario terminar con esos "grancanarios" mentirosos y rapiñadores que harían cualquier cosa por acabar con Tenerife. Y no nos referimos sólo al popular sanedrín, sino a aquellos que subvencionan con abundante dinero a partidos y otras entidades con actividades inconfesables.

Que nadie se lleve a engaño. La actividad comercial la respetamos al máximo, con la salvedad de aquella que llevan a cabo algunos personajillos de última hora que corren para cambiar de color todo lo negro que tienen. Entiéndasenos. Existen, y en Tenerife ha aparecido recientemente un caso apoyado por tres componentes de una conocida formación política.

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Un grupo de opinión radicado en la tercera y desangelada isla ?lo de desangelada es cierto porque, salvo tres manchones y algún racimo de moscatel, son dunas, secarrales y riscos donde por mucho empeño que pongan no va a haber población ni, mucho menos, repoblación arbórea; todo lo que luce verde es trabajo de camellos y fruto del mucho dinero empleado para comprar fuera tierra y agua, mucha agua con la que mantenerlo; agua que obtienen a través de desaladoras, potabilizadoras y depuradoras, porque son islas orientales, secas? sigue emperrado en recordarnos al Rey Carlos I y a su madre Juana la Loca, quienes sin saber dónde estaban las Islas, qué eran el mar y el océano, y por medio de una cédula, dicen, denominó ysla de la Gran Canaria a la que en aquel tiempo se creía era la isla más grande. Años más tarde, un tal Abreu y Galindo justificó el "gran" por la nobleza, valentía y vasallaje de su pueblo, pero la isla siempre había sido denominada Canaria. Así ha sido hasta que, debido a su sentimiento de inferioridad con relación a Tenerife, oficializaron el "gran". Una, pequeña, seca y chata, frente a otra grande, verde y alta. La envidia los ha corroído y eso es lo malo. Y últimamente, su odio se ha exacerbado por medio de la TvC y TVE-C, que ellos, los canariones, dominan. Vamos a ver qué pasa con la TvC y con Willy García.

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Hay que dejar claro de una vez por todas que un canario/a nunca fue grancanario/a. De hecho todavía aparecen esquelas en la prensa tinerfeña en las que se hace mención del difunto diciendo "conocido por el canario". Esto es lo que don Paulino Rivero y los "inteligentes" que se sientan en los escaños del Parlamento de Canarias deben arreglar de forma urgente. La fórmula ya la hemos expuesto en otras ocasiones. En el preámbulo del nuevo Estatuto hay que decir quiénes somos ?siete islas grandes y seis islotes? y dónde estamos. Por sentido común, lógica y universalidad se enumerarán las islas atendiendo a su superficie ?Tenerife, Fuerteventura, Canaria, Lanzarote, La Palma, La Gomera y El Hierro? al igual que en Baleares, donde parece que no hay "ceporros", ni tanta mala uva, ni ningún traidor a su tierra y a sus votantes.

Han sido las dos televisiones públicas y la prensa adicta las que han repetido hasta provocar vómitos los términos grancanaria y capitalgrancanaria, cuando siempre fue Las Palmas y nada más.

Recordamos un debate celebrado durante la Transición en Las Palmas, en el que nuestro director, José Rodríguez Ramírez, fue increpado a través del teléfono por un telespectador por decir Las Palmas y no Gran Canaria, cuando lo que había expresado era su nombre real, por el que la conocía, y la sigue conociendo, todo el mundo, salvo en algún libro escrito por "eruditos" (¿?).

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En qué cabeza cabe que se pretenda buscar la armonía y la unidad de los habitantes de las Islas si no se elimina previamente el "gran", término que de tanto repetirlo ellos y sus televisiones provoca aversión. Y no digamos nada del grancanario/a. Pero si nuestros bisabuelos y abuelos decían Juan "el canario" o Flora "la canaria", para referirse a los habitantes de la tercera isla. Nunca, jamás, Juan "el grancanario" o Flora "la grancanaria". No conocían esas palabras.

El Gobierno y el Parlamento de Canarias no tienen nada que hacer, no sirven para nada, si no empiezan por ahí. Por supuesto, también hay que cambiar el escudo, pues su diseño actual es fruto de una decisión política encaminada a no perder votos y prebendas en la tercera isla, complaciéndola, lo cual no justifica las modificaciones realizadas.

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Evidente es también que desde el año 1927 en que se dividió la provincia única de Canarias, con capital en Santa Cruz, ha seguido el odio de los de enfrente, el afán rapiñador y el malestar en el Archipiélago. Todo ello apoyado por los partidos estatalistas, que han convertido a Las Palmas en la capital del virreinato de España en Canarias. Y para salir o escapar de ese virreinato sólo nos podemos valer de un breve Estatuto de espera hasta que lleguemos a ser un País soberano.

Como tantísimos canarios sigamos pensando que esta situación no tiene remedio, la población irá adoptando posiciones más radicales ?ya se va notando? y comenzará a pedir algo que hasta ahora no se había atrevido a hacer por temor y no se ha manifestado por estrechez democrática.

Por eso hemos solicitado que en el nuevo Estatuto, aparte de definiciones de tipo geográfico, se diga claramente qué somos, quiénes somos, si siervos o personas libres. Lo que se plantea no es una cuestión sin más, sino una opresión que salta a la vista, pues somos un país dominado por la fuerza y la amenaza, situado a 2.000 kilómetros del dominador. ¿O no es así? Una situación inconcebible en tiempos democráticos y de libertad de los pueblos. La ONU lo ha proclamado claramente, los países colonizados ?que es nuestro caso disfrazado de autonomía por la Constitución, votada por casi 40 millones de españoles peninsulares, ¿cómo no, cómo iban a perder su colonia?? deberán dejar de serlo. El plazo vence en 2010.

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