Las empresas públicas canarias tienen una deuda de 210 millones de euros

COLPISA, Madrid

Las empresas públicas autonómicas casi triplican en número a las estatales, tras el crecimiento notable que han registrado en los últimos años. Tras esta tendencia, cada vez más marcada, se esconde la "necesidad" de los ejecutivos regionales de desviar buena parte de sus cuantiosas deudas hacia estas entidades a fin de no superar los límites marcados por la actual legislación y analizados año a año por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que presiden los Ministerios de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas.

El último inventario de entes publicado por el departamento que dirige el vicepresidente económico Pedro Solbes, cerrado el 30 de junio pasado, revela que las comunidades autónomas (salvo el País Vasco, cuyos datos no han sido computados) tienen 1.737 agencias, empresas, fundaciones u otros organismos que dependen de ellas, mientras que el Estado dispone de un total de 613. No obstante, este último ha incrementado más su lista que las administraciones territoriales durante el primer semestre del año, en concreto ocho veces más (un 31% frente a un 4%).

A mitad del presente ejercicio, Cataluña y Comunidad Valenciana eran las regiones que tenían a sus empresas públicas más endeudadas. Sólo en la primera se aglutinaba casi la mitad de los números rojos de este sector, en concreto un 45% del total con 4.198 millones de euros, mientras que en la segunda acumulaban un pasivo de 1.728 millones (representan un volumen del 18,5%). Tras estos dos territorios, y por orden decreciente, aparecen las sociedades de Madrid (875 millones de deuda) y Castilla-La Mancha (657 millones) -entre las cuatro regiones concentran el 80% de la deuda-, seguidas de Baleares (494 millones), Navarra (256 millones), Canarias (210 millones) y Aragón (204 millones).

Las comunidades cuyas empresas públicas se encuentran en una situación financiera "menos mala" son Galicia (con 169 millones en su debe), País Vasco (140 millones), Asturias (136 millones) y Andalucía (124 millones). En el último escalón, con un pasivo inferior a los 50 millones de euros, aparecen las sociedades de Castilla y León (46 millones), Cantabria (42 millones), La Rioja (18 millones) y Extremadura (con 'sólo' 7 millones).

Los números rojos de las empresas públicas autonómicas se han duplicado con creces en los últimos cinco años -sólo en 2006 se incrementaron más de un 21%- y, al cierre del pasado mes de junio, ya alcanzaban los 9.302 millones de euros, suma que representa el 0.9% del producto interior bruto (PIB), al que cada vez restan una cuota mayor. Por su "culpa", la desaceleración registrada en el saldo negativo de las comunidades -sólo se elevó un 2,8% el ejercicio pasado- se ha quedado en nada, y éste ya supera los 58.246 millones.

La preocupación de Hacienda ante esta situación hizo que hace dos años emplazara a las comunidades a "poner en orden" su sector empresarial, debido al fuerte crecimiento de sus pasivos y los consiguientes "riesgos financieros" que estos suponían a la hora de que la Comisión Europea diera el "visto bueno" a sus presupuestos, dentro del conjunto de las cuentas de las administraciones públicas. Todas tomaron nota, pero pocas hicieron sus "deberes", de manera que aún persisten los problemas a la hora de determinar si la deuda de los consorcios o los asociaciones mixtas público-privadas puede computarse aparte o debe unirse al saldo general de cada territorio.