Corrales dice que Zerolo es el testaferro de los intereses privados en Las Teresitas

MENDEZ/DÍAZ, S/C de Tfe.

La Agrupación Local del PSC de Santa Cruz, casi al completo arropando a su secretario general, José Manuel Corrales, estableció ayer la posición política del partido "unido a nivel local, insular y canario", sobre "las operaciones especulativas en Las Teresitas" y exigió "la dimisión del alcalde, Miguel Zerolo, para asumir sus responsabilidades políticas en este pelotazo", como lo calificó Corrales, quien repitió en cuatro ocasiones la invitación al edil, la última con un expresivo "mándese a mudar, señor Zerolo".

La sede de la calle Pepita Serrador estaba prácticamente llena, con presencia simbólica en la última fila de Santiago Pérez, presidente del Grupo Socialista en el Cabildo y uno de los grandes "ideólogos" de las tesis del PSC respecto a la operación urbanística de la playa. En la mesa, sólo dos concejales, José Ángel Martín, también vinculado al colectivo que hizo la primera denuncia ante Anticorrupción, Ínsula Viable, y Marián Franquet. Las referencias a una postura unitaria y a la resolución del Comité Insular de 6 de octubre de 2001, opuesta a la operación urbanística, fueron constantes para certificar "la postura mantenida por el partido desde ese momento, idéntica a la actual".

Corrales aseguró que Zerolo ha sido el "testaferro de los intereses privados" y manifestó que "es lamentable" que el alcalde considere un éxito el auto del TSJC que requiere que se ejecute la sentencia del Supremo. Matizó que "engañan a la población cuando niegan tercamente que el auto viene a ratificar que la sentencia del Supremo puede y debe ejecutarse". Añadió Corrales que "hay responsabilidades políticas evidentes del autor intelectual del pelotazo", en referencia al alcalde.

Los socialistas agregaron que "no puede ser nunca un éxito una sentencia que anula lo pedido". "Es un nuevo fracaso político y jurídico del Ayuntamiento de Santa Cruz", aseguró Corrales, y "lo peor es que se ha jugado con fondos públicos en interés de lo privado".

José Ángel Martín matizó que "el alcalde ha demostrado una vez más su fracaso político y jurídico. Juega con los ciudadanos al decir que la playa es de dominio público porque siempre lo ha sido y lo será, ya que así lo quiere el pueblo". Para el PSC, el gobierno municipal debe ejecutar y cumplir las sentencias de forma inmediata.