Granadilla llama a Gobierno y Cabildo a negociar la regasificadora en el mar

N. MARTÍN, S/C de Tenerife

Quizá conscientes del aforismo según el cual la unión hace la fuerza, los municipios afectados por la construcción de las plantas regasificadoras en tierra de Tenerife y de Gran Canaria -Granadilla de Abona por un lado y Agüimes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana por el otro- escenificaron ayer en rueda de prensa el frente común en contra de esta opción y su decisión de compartir la defensa de que ambas se levanten en el mar, lo que supone adoptar un mismo discurso en contra de la posición del Gobierno de Canarias y del propio Cabildo de Tenerife.

En el caso de Granadilla, además, su alcaldesa, Carmen Nieves Gaspar, se mostró convencida de que tanto el Ejecutivo como la corporación insular estarían dispuestas a negociar la instalación en el mar de esta infraestructura.

La negativa de esta corporación y la mayoría del sureste grancanario tiene su fundamento en tres tesis: en contra de lo que sostiene el Ejecutivo autonómico, consideran no hay ningún estudio técnico que avale que una opción sea más cara que la otra, al tiempo que apelan al respeto institucional y creen "impensable" que ni el Ejecutivo regional ni el propio Estado vayan a ser capaces de "imponer" sus propios proyectos en contra del deseo de los municipios afectados.

Granadilla también apela a la solidaridad insular con una zona que alberga una central eléctrica y en la que está previsto construir el propio puerto industrial, además de una posible incineradora, a lo que habría que sumar la propuesta realizada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para la refinería que Cepsa tiene en la capital.

"Iremos donde haga falta"

Al término de la reunión con sus homólogos grancanarios, la alcaldesa del municipio tinerfeño, Carmen Nieves Gaspar, se mostró convencida de que habrá diálogo para encontrar una solución de consenso, si bien advirtió de que "iremos donde haga falta para evitar la construcción de una regasificadora en tierra" al ser preguntada por una posible vía judicial.

En Gran Canaria, Agüimes ha tomado este camino ante la inexistencia de un plan territorial que contemple la planta y la falta de declaración de impacto ambiental y de licencias. Sin embargo, la infraestructura de Granadilla sí cuenta con los dos primeros requisitos.

En cuanto a las tesis del Ejecutivo de que las plantas en el mar tendrían un coste muy superior a la opción terrestre, la alcaldesa sostiene que esa tesis no está constatada y que la UE estaría dispuesta a asumir las nuevas condiciones.