Seis detenidos en una operación contra las clínicas abortistas

AGENCIAS, Barcelona

La Guardia Civil amplió a seis las detenciones en torno a la operación contra las clínicas abortistas de Barcelona acusadas de realizar operaciones ilegales, incluyendo intervenciones en embarazos de hasta ocho meses de gestación.

Los últimos arrestados fueron el doctor Carlos Morín, propietario de los centros e investigado desde hace meses, y los máximos responsables de los cinco establecimientos investigados.

Según confirmaron fuentes de la investigación, los agentes detuvieron, al menos, a seis personas, incluyendo a colaboradores directos del doctor Morín en la fundación que lleva su nombre y las responsables de las clínicas Ginemedex, ubicada en la calle Dalmases, y Emecé, situada en la calle Anglí, ambas en la capital catalana.

Al mismo tiempo, la Guardia Civil y efectivos de la Guardia Urbana de Barcelona retiraron de las oficinas de las clínicas que se están investigando decenas de cajas con documentación sobre los embarazos interrumpidos en estos centros.

La investigación, iniciada a raíz de la querella presentada hace poco más de un año por la organización cristiana e-cristians, tiene como objetivo esclarecer si en alguno de estos recintos se han practicado abortos no recogidos en los supuestos que prevé la ley.

Investigación anterior

Sin embargo, el departamento de Salud del Ejecutivo autónomo de Cataluña informó ayer de que el pasado verano cerró los expedientes abiertos a estas clínicas, tras comprobar que las interrupciones voluntarias del embarazo que se llevaban a cabo se ajustaban a la ley y que los centros disponían de la correspondiente autorización para ejercer dicha actividad.

Los establecimientos a los que se refiere la conselleria son TBC, Emece, Ginemedex y Fundación Morín, cuyos responsables fueron arrestados ayer.

La conselleria que dirige Marina Geli explicó que la instrucción de estos expedientes, que se abrieron a raíz de una denuncia por presuntos abortos ilegales, evidenció algunas "irregularidades administrativas" que ya fueron sancionadas con multas económicas de 3.000 euros, aunque "en ningún caso se pudieron comprobar las supuestas prácticas ilegales denunciadas". Dichas irregularidades consistieron en "defectos de forma y administrativos", como la falta de detalle suficiente en la información clínica de las historias revisadas o la inexistencia de registro de algunas intervenciones en los libros de quirófano.