EFE, Madrid
Canarias es la segunda comunidad autónoma de España con mayor índice de obesidad infantil, por detrás sólo de Andalucía, según han constatado los responsables de la ponencia para el estudio de la obesidad infantil y juvenil del Senado, aprobado la semana pasada.
En España, algo más de una cuarta parte de los niños de entre dos y 17 años es obeso o tiene sobrepeso, una dolencia que va en aumento, que afecta más a las clases con menor renta y nivel educativo, y que cada año cuesta a la sanidad pública 2.500 millones de euros, el 7 por ciento del gasto sanitario.
Según el informe de la ponencia para el estudio de la obesidad infantil y juvenil del Senado, aprobado por unanimidad, la obesidad eleva de manera sustancial el riesgo de padecer diabetes, enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer.
Además, la obesidad, que es la segunda causa de mor- talidad prematura evitable después del tabaco, provoca en los niños problemas de autoestima, trastornos psicológicos que afectan al rendimiento escolar y brotes de violencia difíciles de controlar.
Según datos de la Encuesta Nacional de Salud, el 27,6 por ciento de la población infantil y juvenil en España tiene sobrepeso, con una mayor incidencia en los varones.
Nordeste peninsular
Pese a ser uno de los países de la cuenca mediterránea -a los que se atribuye una cultura gastronómica muy saludable-, estas cifras sitúan a España entre los países del mundo con peores datos de nutrición, junto con el Reino Unido y los Estados Unidos.
Los expertos que durante dos años han elaborado la ponencia del Senado explican que Andalucía y Canarias son las autonomías con mayores índices de obesidad infantil, mientras que las más bajas se sitúan en el nordeste peninsular.
La obesidad está directamente relacionada con la ingesta de alimentos hipercalóricos (con alto contenido en azúcar y grasas) y la falta de actividad física, pero dentro de estas causas influyen multitud de factores relacionados con el ámbito familiar, sanitario, escolar y con el entorno sociocultural.
Bollería y refrescos
Entre esos factores, el informe que ha elaborado y aprobado el Senado señala la mala alimentación que realizan los niños en el desayuno, la ausencia de normas y costumbres en torno a la mesa, la creciente sustitución de alimentos frescos por congelados y precocinados entre las familias españolas, el poco tiempo que dura la lactancia materna y el sedentarismo infantil que se extiende entre la población.
El resultado, según este documento, es que los niños tienen una dieta caracterizada por el exceso de grasas, carnes, embutidos y lácteos, y de productos con mucho contenido energético -como bollería y bebidas carbonatadas-, frente a un bajo consumo de frutas, cereales y verduras.
En el ámbito escolar, objeto de especial atención por parte de los expertos por su incidencia en la alimentación de jóvenes y niños, también hay aspectos negativos que causan la obesidad infantil, como la existencia de máquinas expendedoras, la poca actividad física o los menús escolares mal elaborados en los comedores y por empresas externas.
Entre los aspectos negativos procedentes de la industria, el informe del Senado explica que las cadenas de restauración o de comida rápida han crecido un 500 por cien en los últimos años, que el etiquetado no precisa el contenido calórico de muchos de los alimentos, y que los productos de marca blanca adolecen de la información adecuada.
En el entorno sociosanitario, el informe de la ponencia señala que los medios de comunicación juegan un papel fundamental para evitar que se produzca este fenómeno creciente en España.
Además, la zona en la que vive el niño y el nivel educativo y económico de sus familias influyen de manera decisiva en la alimentación del menor, al tiempo que subraya a las políticas urbanísticas.
A juicio de los expertos, muchas de estas políticas no facilitan la realización de ejercicio, uno de los elementos clave, junto a una buena alimentación, para evitar la aparición de la obesidad, que se ve favorecida por el sedentarismo.
Por todo ello, el texto aprobado por todos los grupos políticos en la Cámara Alta recomienda a los servicios de salud públicos asesorar a los pacientes y familias sobre los beneficios de seguir una dieta sana y hacer ejercicio.
Además, entre las conclusiones destaca la propuesta para crear una comisión mixta de los ministerios de Sanidad y Educación para hacer un seguimiento del problema.
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