El Gobierno insiste en cambiar la ley para que el Estado se haga cargo de los menores

EFE, Las Palmas

El Gobierno canario negocia con varias ONG de la Península reubicar allí a los cientos de menores inmigrantes que afirma exceden su capacidad de acogida, cuya atención seguirá pagando, aunque sin renunciar a mantener su demanda de cambiar la ley para que se haga cargo de ellos el Estado.

Así lo anunció ayer la consejera de Bienestar Social autonómica, Inés Rojas, al término de una reunión extraordinaria a la que, a fin de tratar monográficamente la situación de los menores extranjeros en las Islas, convocó al Foro Canario de la Inmigración, y de la que el presidente de la Permanente de dicho órgano asesor, Luc André, destacó que el Gobierno admitió su responsabilidad en el problema.

"Aquí lo que ha salido, que es fundamental, es que el Gobierno de Canarias reconoce que los menores están bajo su responsabilidad aquí, en Canarias, porque muchas veces es lo contrario de lo que se suele decir en los medios de comunicación", fueron las palabras del presidente de la Comisión Permanente del Foro, responsable del área de Migraciones de Comisiones Obreras de Canarias.

"Desde aquí se tiene que buscar la vía, sobre todo, de antemano, sabiendo que es bajo responsabilidad del Gobierno de Canarias, de intentar poner todos los medios, materiales y económicos, para que la integración de estos menores sea una realidad", fueron las palabras del portavoz del Foro de la Inmigración.

Opinó, además, que la Comunidad Autónoma debe replantearse y ampliar la cifra de menores inmigrantes que está dispuesta a acoger directamente.

Cifra que, en un momento en que los chicos llegados a las Islas superan ya, según Inés Rojas, el millar, no se puede mantener en los trescientos que años atrás fijó el Gobierno canario, tras negociar su reparto por el territorio con los siete cabildos insulares.

"Hay una realidad que no podemos negar, que este acuerdo se firmó en un momento bien determinado; la situación ha cambiado, y no podemos estar con trescientos menores", declaró al respecto.

Y agregó: "la situación ha cambiado y va a más, porque la realidad migratoria no es un hecho coyuntural, es estructural; y sabiendo la realidad desde África, que los menores no se devuelven, muchos de ellos van a emprender el camino".

Por ello, tras invitar al Gobierno canario a crear nuevas plazas de acogida para los menores inmigrantes, le recomendó también, "sobre todo, llevarse con las demás comunidades y buscar la vía, como ha declarado la consejera, para que el traslado se haga", ya que, frente a lo que han declarado autoridades autonómicas, "el Gobierno central lo que tiene que hacer es colaborar, pero es responsabilidad del Gobierno de Canarias" su integración, recalcó.

Sin acuerdos cerrados

Inés Rojas matizó que hasta ahora su Consejería no se ha dirigido a las autoridades de las comunidades peninsulares a las que pretende desviar a los chicos, sino sólo a las ONG que en cada una de las regiones afectadas, que rechazó desvelar de momento por no tener aún acuerdos cerrados, si bien admitió que luego, cuando sean firmes, deberá negociar con sus respectivos gobiernos antes del traslado.

Mostró, de todos modos, su disconformidad con la idea de crear nuevos centros para acoger más chicos en las Islas, con el argumento: "¿vamos a seguir buscando más infraestructuras? ¿Hasta cuándo y hasta dónde?".

Desde esa postura, apuntó como primera solución a los anunciados acuerdos con las ONG, algunos de los cuales dijo están "bastante avanzados", e insistió en que "la legislación hay que cambiarla" para que atender a los menores inmigrantes no siga siendo competencia de las comunidades autónomas y en que "el Estado" debe sentarse con el Gobierno canario para solventar juntos la situación, recalcó la consejera.