CC pide la anulación de la sentencia del Atlante por supuestos defectos de forma

ÁLVARO MORALES, Pto. Cruz

Se despejó la incógnita. Aunque el gobierno orotavense (CC) prefiere seguir sin hacer declaraciones sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que le da la razón al Movimiento Vecinal Atlante, critica al ayuntamiento y al Cabildo por el derribo del teatro y otras casas con valor patrimonial, y anula las licencias locales e insulares que permitían la creación de un edificios de 51 viviendas, locales comerciales y garajes en pleno casco histórico, ayer se supo en la comisión de Urbanismo, tras una preguntas del portavoz socialista, Manuel González, que el equipo que dirige Isaac Valencia solicitó desde el pasado lunes al citado Tribunal que anule el fallo por supuestos defectos formales.

Aconsejado por los asesores jurídicos municipales, dada la insistencia de los técnicos de Urbanismo en que se actuó correctamente y que no cabe recurso de casación, así como su preferencia por defender el prestigio de este personal, el alcalde firmó el pasado día 15 un decreto por el que se solicita que se anule el fallo al entender que existen "contradicciones" sobre el papel que juega el Cabildo respecto a la defensa del patrimonio y porque se anula una resolución del consejero insular del 7 de marzo de 2005 cuando, en el recurso presentado por los vecinos contra la sentencia de primera instancia de finales de 2006, que da la razón al consistorio y Cabildo, no se permitió que la Administración de la Isla acudiese como parte.

El edil de Urbanismo y ex responsable de Patrimonio durante el conflicto Atlante, Narciso Pérez, se limitó ayer a recordar que, "igual que no hicimos declaraciones con el anterior fallo a nuestro favor, ahora no las haremos con éste".

La oposición, sobre todo PSOE, IPO e IUC-Los Verdes, los partidos que más se movilizaron por esta causa, a excepción de LV al principio, coinciden en que CC no conseguirá nada con esta petición, salvo prolongar más la resolución del caso con coste económico para las arcas locales. Estas formaciones también creen casi imposible que, si CC recurre en el Tribunal Supremo, algo que aún no se ha confirmado, se dicte una sentencia a su favor, por lo que exigen que se negocie cuanto antes. EL DÍA intentó ayer, sin éxito, conocer la versión del portavoz del PP, Enrique Luis, quien está en sintonía con el resto de grupos opositores.