La crisis del Constitucional

Los ecos y los flecos de la cumbre iberoamericana de Santiago de Chile se han llevado buena parte del debate público esta semana, lo cual no tiene nada de particular, porque mayor ha sido la polvareda política levantada por las célebres cinco palabras del Rey dirigidas a Hugo Chávez que todos los dicterios de éste, y del sandinista Daniel Ortega, contra José María Aznar y los inversores españoles en Iberoamérica. A fin de cuentas, el episodio ha puesto de manifiesto la enorme autoridad que conserva la Corona española en aquel Continente.

El debate en nuestra casa, sin embargo, ha derivado hacia la política exterior del Gobierno Zapatero en general, y, ciertamente, no puede decirse que el saldo haya sido favorable a sus intereses, que digamos. Más bien lo que se ha destacado ha sido la inoperancia de nuestra diplomacia y la pérdida de peso específico de España en los foros internacionales, como se ha demostrado estos días con el fracaso de la candidatura española para presidir el Comité militar de la OTAN. No deja de sorprender la torpeza del Gobierno, que deja caer al general Sanz Roldán de esta forma, dando la impresión de que ni se molestó en sondear los posibles resultados de las votaciones.

De aquellos polvos vienen estos lodos, suele decirse cuando se identifica la causa de un mal episodio. El dicho se ha recordado ahora, cuando se recogen los frutos de la retirada precipitada de las tropas españolas de Irak, y la recomendación que Rodríguez hizo a los aliados de Estados Unidos de seguir el ejemplo español. Ahora, a toro pasado, se ve con mucha claridad la escasísima sensatez de pretender que, con esos antecedentes, la OTAN fuese a votar a un general español para presidir precisamente su Comité militar.

A vueltas con el TC

Por lo demás, la crisis que atraviesa el Tribunal Constitucional continúa, y todos los pronósticos se inclinan por apostar a que no habrá sentencias sobre el Estatuto de Cataluña, los "matrimonios" homosexuales o la Ley de Igualdad antes de las elecciones generales del 9 de marzo. En efecto, ocurre que el Tribunal está siendo objeto de presiones, perfectamente visibles, incluso por parte de la Generalidad de Cataluña, cuyos máximos representantes no se recatan de amenazar al TC con los mil y un desastres si la sentencia no llenase el Estatuto de bendiciones. Pero a pesar de este penosísimo espectáculo, los magistrados no pueden aceptar que esas presiones existan; y, si existen, que les afecten. En vista de ello, parece que la forma menos escandalosa de salir del paso pueda ser dejar pasar el tiempo, y emitir sus sentencias cuando, celebradas las elecciones, el país se disponga a emprender una nueva etapa política.

Sin embargo, es necesario decir que así no se puede continuar, y que un Tribunal Constitucional infectado por el virus de los condicionamientos ideológicos es casi garantía de que todo va a ir a peor. Cada vez son más, y más importantes, las voces que se alzan reclamando las reformas que hagan falta para conseguir que los magistrados del alto Tribunal sean inmunes a las presiones.

Mas, ¿cómo conseguir este objetivo? La probidad de los magistrados se da por supuesta, pero también hay que dar por sentada su condición humana y, en consecuencia, influenciable. Si además tenemos testimonios fehacientes de presiones que lograron su propósito (recordemos la malhadada sentencia de Rumasa), habrá que concluir que la cuestión no está ni en escandalizarse porque algunos cedan a las presiones, ni en intentar nombrar a superhéroes para esos puestos. Más bien de lo que debería tratarse sería de articular un sistema que hiciese imposibles las presiones mismas, sin dar siquiera opción a poder comprobar cuán alto sea el grado de incorruptibilidad de los excelentísimos señores magistrados.

Hay varias formas de asegurarse la invulnerabilidad de los miembros del TC. Pensemos, entre otras posibles, en nombramientos vitalicios, como ocurre con los 9 miembros del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que hace funciones también de tribunal de garantías constitucionales. El carácter vitalicio del cargo tiene la virtud de desactivar de raíz todo intento de presión, pues los magistrados no esperan ya nada de los poderosos, y a éstos se les ha sustraído toda posibilidad de amenaza sobre aquéllos.

Podría arbitrarse ésta, o cualquier otra forma de blindar contra las presiones políticas o económicas a los encargados de interpretar la Constitución, neutralizando la raíz de ese riesgo, que no es otra que el hecho de que ser miembro del TC no es -y debería serlo- la estación final del trayecto de toda una vida profesional. Después de los nueve años de duración del cargo, muchos magistrados aún aspiran a otras situaciones, y eso los hace vulnerables y los debilita frente a las presiones. Por ahí, pues, debería encaminarse esa urgente reforma, que además tendría otra consecuencia benéfica, cual es la de nombrar a personas con la madurez propia de toda una vida de prestigio y sabiduría.

Posdata

Las objeciones de conciencia contra la asignatura de "Educación para la ciudadanía" siguen aumentando. Las reacciones de autoridades políticas y académicas son muy variadas, signo expresivo del desconcierto en que se hallan sumidas. En Barcelona, por ejemplo, la Generalidad ha amenazado al colegio de la "Fundación Abat Oliva" con cerrarlo, lisa y llanamente, si persiste en atender las objeciones manifestadas por el 90 por ciento de los padres de sus alumnos. Empezamos a ver síntomas de puro y simple despotismo. Mal andamos.