La degradación de una democracia

Primero la Salud, la economía y la educación. El orden de enunciación puede ser alterado, porque sin educación no se pueden mejorar la salud y menos la economía, Pepe Ignacio. El Gobierno Canario debería atender sin demora a esas tres prioridades, porque de ellas depende el futuro del Archipiélago. Y, sin embargo, sufrimos huelgas prolongadas entre los profesionales de esos sectores públicos, cuyas prestaciones se están degradando, al mismo ritmo que se degrada nuestra democracia en su conjunto, de la que el ciudadano recibe servicios cada día de peor calidad y más caros que los que presta el sector privado. ¡ Menuda herencia!

Hay, sin embargo, tanto entre docentes como entre sanitarios, un fondo de razón, en lo que se refiere a las homologaciones. Cuestión de la que no es responsable el Gobierno canario, sino que viene arrastrada de las diferencias retributivas impuestas en los distintos servicios públicos por cada autonomía, según su nivel de recursos. Esa falta de homologación en los sueldos de funcionarios será otra de las pesadas herencias que deje el actual Gobierno de ZP al que le suceda el 9 de marzo.

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La otra es la depauperación de nuestros bolsillos. No los de los especuladores y los políticos, que tanto monta..., sino el de los asalariados que sufrimos el disparo de los precios de la cesta de la compra en todo el Estado. Y si bien es cierto que en Canarias, en octubre último, los precios de los productos básicos subieron 0,3 puntos menos que la media de la inflación en todo el Estado, no es menos cierto que en lo que va de año la cesta de la compra ha subido en Canarias más del 3 por ciento que el aumento de salarios pactado con los llamados "sindicatos de clase", que son los que "realmente" movilizan a los actuales huelguistas de la enseñanza o la sanidad -historia que se repite-, pensando que así les consiguen votos a los partidos de los que son meras correas de transmisión, de los que dependen sus retribuciones, que se fijan en los presupuestos públicos en los tres niveles de la Administración y en las empresas públicas.

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Algún día, Pepe Ignacio, habrá de revisarse a fondo el papel de los sindicatos en esta democracia, y "su coste" para las arcas, que no por ser públicas dejan de ser de todos, y no de quienes las dilapidan, como parece ser el modo de actuar de casi todas las administraciones, en general, y de la socialista principalmente.

Porque si sirviera de referencia el coste de la Administración del presidente "Rodríguez Z", con más de 600 asesores personales en Moncloa y un incremento del coste de los mismos, en sueldos e instalaciones, de más del 70 por ciento, no habría presupuesto, ni del Estado, ni autonómico, ni local que aguantara el despilfarro y la degradación a la que le someten los políticos de cualquier nivel.

Y al margen de esos espurios intereses sindicales, cualquier gobierno autonómico o local tiene que hacer un esfuerzo por resolver los conflictos que se presenten en esos campos básicos de la sanidad, la enseñanza y el control de los especuladores que vician la fijación de precios por el libre mercado de los productos de la cesta de la compra, porque de lo contrario se arriesgan a caer por la subida del precio de la barra de pan y el litro de leche.

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Así que la consejera Milagros Brito, en el conflicto de la enseñanza, haría bien manteniendo más contactos directos con los profesores canarios, no sólo porque cobren un 20 por ciento menos que los del Estado, sino para que no se dejen llevar por la interesada demagogia electoral de los "sindicatos de clase", y sobre todo, teniendo en cuenta la opinión de los padres de alumnos, que desean menos inestabilidad en un sector ya suficientemente conflictivo, que está situando a Canarias en los primeros puestos del fracaso escolar.

Y lo mismo debería procurar, Pepe Ignacio, la incansable consejera de Sanidad del Gobierno canario, Mercedes Roldós, respecto del conflicto cuya reanudación se anuncia para la próxima semana, que está deteriorando la asistencia sanitaria pública, que es la única que se pueden permitir los asalariados, y engordando a la privada.

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Graves son esos problemas heredados que afectan diariamente a los canarios, pero no es menos cierto que son la consecuencia de otros que provienen del mal funcionamiento de la estructura del Estado autonómico, que lejos de acercar la administración al administrado, lo que ha hecho ha sido crearle más "ventanillas" que alimentar, y sobre todo más diferencias entre unas y otras autonomías, aparte de un incremento brutal de costes, al reproducirse miméticamente, por las administraciones autonómicas, funciones y servicios que prestaba el Estado.

Y claro, como los partidos y sindicatos de clase dominantes en cada autonomía desde la transición, son lo que siguen en la mayoría de ellas controlando el poder, con algunos cambios, según qué autonomías se turnen en el control del poder, la democracia se va degradando y siendo cada día más suplantada por las oligocracias controladas por los nuevos poderes fácticos que, a su vez, dominan la mayoría de los medios de comunicación.

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Y es que, Pepe Ignacio, a esta democracia nuestra le fallan los controles y contrapesos propios de las democracias consolidadas. No sólo por las anomalías nacionalistas que padecemos, que desequilibran el sistema autonómico e impiden ir a una reforma constitucional "federalizante", sino por las profundas diferencias que han creado en el principio constitucional de igualdad entre españoles, según sea el lugar de su residencia. Diferencias que aumentan escandalosamente en los últimos tiempos, en calidad y cantidad de los servicios públicos.

Y porque has visto cómo fallan las instituciones arbitrales que deberían corregir los abusos de los partidos en la utilización del poder. Ahora mismo tenemos bloqueados al Tribunal Constitucional y al Poder Judicial por el afán de cada Ejecutivo de turno de controlarlos.

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¿Y de qué sirve a los electores para formar su voto, Pepe Ignacio, cuando el Tribunal Constitucional se encuentra bloqueado, sin poder renovarse, teniendo asuntos con más de ocho años sin resolver, y no puede reunirse su pleno para resolver, entre otros muchos, recursos tan trascendentes para el futuro de este sistema político que nos gobierna, como el del Estatuto de Cataluña, que claramente rompe los principios constitucionales de igualdad entre los españoles?

Y lo mismo te puedes preguntar del bloqueo que sufre el Consejo General del Poder Judicial, órgano de Gobierno de los jueces, al que el actual ministro de Justicia pretende suplantar eligiendo a los jueces y fiscales, sin oposición, entre los supuestos mejores estudiantes, sin prueba ni escuela judicial alguna.

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De nada sirve tampoco a los electores para conformar su voto, las revisiones "tardías" de las cuentas por el Tribunal de Cuentas, si también tiene un retraso de más de cinco años en el enjuiciamiento de los presupuestos anuales. Y está por ver que sus auditorías de las cuentas de pasados ejercicios, hayan coincidido con las sentencias por mal uso o utilización privada de los fondos públicos que han detectado los medios y juzgado los tribunales ordinarios.

¿Qué casos de corrupción ha enviado el Tribunal de Cuentas a los tribunales ordinarios, Pepe Ignacio? Muy pocos, y sin embargo, ahí están los grandes escándalos que han salpicado, intermitentemente, a unos y a otros gestores públicos de cualquier color. Así no hay modo de discernir un voto fundado en los hechos. Y el ciudadano, o se irá a la abstención, o se dejará llevar por las manipulaciones de las campañas electorales.

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Así, pues Pepe Ignacio, a los 29 años de su lanzamiento, la democracia española no funciona, porque los políticos que el pueblo elige la han prostituido, sin que los ciudadanos a los que representa dispongan de los mecanismos de corrección que la Constitución fijó para castigar los abusos del poder. Y cuando esos abusos pueden servir al ciudadano para formar criterio, a la hora de ejercer su voto y cambiar a los gestores públicos, los informes de los órganos constitucionales de control, que tienen que sancionarlos, no actúan a tiempo. Y de esa situación se aprovechan quienes quieren perpetuarse en el Poder a la venezolana, modificando la Constitución y el funcionamiento de sus mecanismos de control, sin someterse a los procedimientos excepcionales que en la propia Constitución se establecieron. En un intento, "a lo Chávez", de cambiar el consenso constitucional. Eso sí, como en la cumbre iberoamericana. Con muchas "sonrisas y respeto".