EL DÍA, S/C de Tenerife
El Gobierno de España descarta que la Unión Europea (UE) pueda aceptar medida alguna para controlar la población o dar prioridad a los canarios para acceder al trabajo, tal y como pretende activar el Ejecutivo autónomo, presidido por Paulino Rivero, debido a que choca con la legislación vigente en Europa, "con un derecho fundamental de libre circulación de personas por toda la Unión".
Coalición Canaria pretende, de alguna manera, controlar la población en las Islas, imitando las fórmulas empleadas por otras regiones ultraperiféricas para esta materia, tal como se indica en uno de los apartados de la comunicación remitida recientemente a la Comisión Europea.
La realidad es que, en la actualidad, legalmente, esto no es posible en Europa y el Gobierno canario pretende llevarlo a cabo a través de medidas indirectas, como por ejemplo, mediante una política específica para los planes de empleo, primando a los residentes frente a los demás.
No obstante, cabe la posibilidad de que en el futuro pueda arbitrarse algún tipo de medidas para controlar el crecimiento de población "por razones de residencia, pero nunca de nacionalidad o de nacimiento", se insinúa desde Europa, pero también se recalca que ahora no es posible.
El secretario general de la Presidencia del Gobierno, Fernando Ríos Rull, explicó a EL DÍA que, por ejemplo, en algunos países de la UE, como Luxemburgo, Malta o El Tirol (Austria) existen "algunos protocolos", como también en Dinamarca, que impiden a los ciudadanos de otros países adquirir allí una segunda residencia si no viven allí permanentemente.
Este periódico se puso en contacto con las embajadas de los citados países para conocer su legislación sobre las modalidades de control de asentamiento de personas en su territorio.
La respuesta de todas ellas fue unánime al respecto: que no existe control poblacional y se remitieron al principio de libre circulación de personas dentro de la UE.
Además, por ejemplo en Malta o Luxemburgo, esta modalidad de segunda residencia va ligada a un tratado suscrito en el momento de su adhesión a la UE, y por un determinado número de años, cinco o seis, respectivamente, desde el momento en el que formaron parte de la Unión, en enero de 2004.
Ríos Rull manifestó que CC se apoya en que existen territorios, como las Islas Man, las Islas Feroe y las Islas Canal, que cuentan con modelos específicos de asentamiento de personas.
Se da la coincidencia de que todas las islas citadas se ubican en el espectro europeo, pero ninguna de ellas pertenece a la UE, por lo que Canarias se sitúa en otro plano.
Por este motivo, desde Bruselas se afirma que el Gobierno de Canarias se va a encontrar de frente con la UE en la aplicación de las medidas que quiera aplicar, ya que el derecho comunitario prima sobre cualquier ley española, en caso de conflicto.
Otras fuentes consultadas por este periódico, entre ellos, políticos y varios profesores universitarios, manifestaron que la propuesta de CC es inviable e imposible conforme a derecho, de acuerdo con la Constitución y con la normativa de la UE. En referencia a las medidas indirectas propuestas por Rivero, dijeron que afectarían a la misma estructura económica de Canarias, porque si hablamos de frenar las segundas residencias se recortaría la entrada de los turistas de la tercera edad que optan por vivir en el Archipiélago hasta el final de sus días y, en el caso de las medidas indirectas (primar el empleo para los canarios), también entrarían en conflicto los peninsulares y los europeos residentes.
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