Cuatro testigos abrieron ayer las declaraciones del "caso Las Teresitas"

MÉNDEZ/GONAR, S/C de Tfe.

Cuatro personas abrieron ayer el turno de las declaraciones de testigos en el denominado "caso Las Teresitas" ante la magistrada Carla Bellini. El escenario fue la sede en Las Palmas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Los protagonistas, al parecer dos miembros del consejo de administración de una entidad financiera, en primer lugar, y luego dos representantes del colectivo Ínsula Viable, José Ángel Martín Bethencourt, además concejal del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz, y Justo Menéndez. Las fuentes consultadas para conocer la identidad de los posibles testigos de la entidad financiera descartaron que se tratara de técnicos o empleados del área económica y añadieron que "desconocemos la agenda de los miembros del consejo de administración".

Por su parte, Martín y Menéndez, firmantes del documento que Ínsula Viable envió a la Fiscalía Anticorrupción el 30 de junio de 2005, base para la posterior querella de la Fiscal María Farnés, se ratificaron en todos los términos de la denuncia. Ínsula Viable es un colectivo integrado por una veintena de vecinos de la capital tinerfeña que decidieron agruparse para acudir a los tribunales y solicitar el esclarecimiento de la compra-venta de la playa Las Teresitas. Tras elaborar una relación de hechos constatados los trasladaron a la Fiscalía Anticorrupción.

Según esos datos, "el 24 de junio de 1998 Inversiones Las Teresitas adquirió a la Junta de Compensación el frente y la trasera de la playa por 5.000 millones de pesetas. Tres años después, el 23 de julio de 2001, el ayuntamiento pagó 8.500 millones de pesetas y sólo por el frente de la playa. El 11 de enero de 2006, Inversiones Las Teresitas vendió la trasera a Mapfre Inmuebles por 15.000 millones de pesetas". Según Ínsula, "la entidad formada por Ignacio González y Antonio Plasencia habría tenido unos beneficios brutos de 18.500 millones de pesetas".

En el punto tercero de la denuncia, Ínsula advierte a la Fiscalía de que "consideramos que los términos económicos de la operación de adquisición por parte del ayuntamiento de los terrenos del frente de la playa suponen un supuesto evidente de especulación inmobiliaria contrario a los intereses públicos y con beneficios injustificados para la parte vendedora, cuya repercusión va a ser soportada por los recursos del presupuesto municipal".

Ínsula Viable advierte de que este acuerdo se enmarca en un convenio urbanístico en el que "se emplea la fórmula de intercambios de edificabilidad por suelo y se prevé la sustitución del uso turístico extrahotelero por el residencial de vivienda en el Valle de las Huertas. Habría sido imprescindible la valoración económica para conocer el alcance de las contraprestaciones económico-urbanísticas que la parte vendedora iba a obtener, pero se obvió".