Cartas al Director

Cerrar la televisión autonómica

Si se hiciera una encuesta entre todos los canarios sobre la conveniencia o no de tener una televisión autonómica, estoy seguro de que una aplastante mayoría optaría por dar el cerrojazo a este capricho que el Gobierno regional se empecina en mantener contra viento y marea.

Esta televisión que pagamos todos los canarios, y a la que se destinan muchos millones de euros, no aporta absolutamente nada que justifique su mantenimiento. Programas sensacionalistas con muy poco rigor periodístico y otros más propios de canales locales, con escasa calidad y sin interés alguno, son los estandartes de un canal que para lo único que ha servido es para enriquecer a alguna productora y a alguna agencia de publicidad. No se preocupen por los presentadores de esos espacios, ellos sabrán salvarse de la quema, y si no, siempre habrá algún alma caritativa dispuesta a pagar sus millonarios sueldos.

En una comunidad como la nuestra, con listas de espera interminables en sus hospitales, con una tasa de desempleo de las más altas del país, con un índice de fracaso escolar que tendría que haber encendido ya la luz roja de alarma por la gravedad de la misma, con miles de canarios viviendo bajo el umbral de la pobreza, es cuando menos una inmoralidad que se siga manteniendo este despilfarro.

Que me disculpen los trabajadores de la misma, pero los caprichos que se los pague cada uno de su bolsillo, Canarias no puede permitirse estos lujos.

Con el presupuesto anual destinado a su funcionamiento, el próximo año un 30% más, se podrían solucionar muchos problemas más importantes para los ciudadanos, y esto no es demagogia, es la triste realidad.

J. González

Algo no concuerda...

Algo no debe de funcionar como es debido en los cenáculos generadores de la controvertida Ley de la Memoria Histórica, es decir, en la sede monclovita.

Algo no debe de ajustarse plenamente a los criterios políticos en el seno de este partido, que se supone deberían ser homogéneos entre los miembros de las altas esferas socialistas y sus consejeros áulicos, por aquello de la congruencia y la seriedad, cuando figuras del fuste y del prestigio político en las filas del partido de los cien años cuales son el expresidente del Gobierno Felipe González y el actual alcalde de Las Palmas, y también exministro, Jerónimo Saavedra, discrepan por lo derecho y abiertamente de dicha ley. Tal parece que no hay quórum en las alturas.

En recientes declaraciones a Cuatro, con motivo del 25 aniversario de su primer triunfo electoral, Felipe González manifestó que consideraba difícil que la recuperación de la memoria histórica pueda llevarse a cabo mediante una ley que sólo define "derechos y obligaciones de los ciudadanos". También reconoció que hay un "desequilibrio en el análisis del tema; aprovechando la ocasión para manifestar su desacuerdo con la descentralización de gobierno que lleva a cabo el Zapatero, cuestión esta que, a su entender, no puede ser sometida a regulación.

Por su parte, Jerónimo Saavedra, desmarcándose un tanto de las consignas partidistas y mostrando independencia de criterio, manifestó que creía innecesaria la ley en cuestión, así como que "la experiencia aconsejaba no hurgar en el pasado". Estos comentarios resultan difícilmente malinterpretables. Son claros, contundentes y precisos, y sus autores fuera de toda sospecha de desviacionismo político. Y lo que es más curioso: ante ellos, ninguno de los involucrados en el proyecto ha dicho ni oste ni moste.

A pesar de que pretendan mantenerlo en un estado difuso o traten de ocultarlo tras un biombo de ambigüedades y negativas, dentro del Partido Socialista hay bastantes más discrepantes de la política de Zeta de lo que éste y sus inmediatos corifeos están dispuesto a admitir. La historia de la II República y su trágico desenlace, amén de la dictadura posterior, no es algo que permanezca en el olvido o el desconocimiento, como así lo demuestran los más de veinte mil libros publicados sobre ella, aparte de los miles de ponencias, tesis, artículos y trabajos de investigación publicados sobre aquel periodo histórico y su inmediata posterioridad. Tal vez por esto resulten algo patéticos los esfuerzos de quienes pretenden catequizar a una opinión pública -o a buena parte de ella- cada vez más informada y con más elementos de juicio.

J. Lavín