Un documento oficial de 1984 avala la condición urbana del litoral de Agache

MEDINA, Güímar

Las normas subsidiarias de Güímar entraron en vigor a comienzos del año 1984 y semanas después, el 17 de mayo de ese ejercicio, el Pleno aprobó una propuesta formulada dos días antes por el entonces alcalde, Pedro Guerra, para "la contratación directa de la redacción de las normas complementarias del litoral de Agache". Con ello, se pretendía "resolver la problemática de los núcleos urbanos surgidos" en esa zona del municipio teniendo en cuenta que estaba establecido legalmente que "el suelo urbanizable deberá limitarse" mediante dicha figura urbanística "una vez que se hayan ejecutado o replanteado las obras de desdoblamiento de la autopista y vías de servicio". El arquitecto al que el Ayuntamiento güimarero encargó dicho trabajo fue Epifanio Gómez.

El presidente actual de la corporación municipal, Rafael Yanes, puso anteayer en conocimiento de la Dirección General de Costas la existencia de este documento como la aportación de nueva documentación al expediente de deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre, de forma que ello contribuya a ratificar la condición de urbano del suelo que ocupan El Tablado, La Puente, Santa Lucía, Punta Prieta y La Caleta, "más de cuatro años antes de la promulgación y la entrada en vigor de Ley de Costas", el 28 de julio de 1988. La aplicación de la misma es lo que está poniendo en peligro a más de 400 de las viviendas del litoral de Agache.

Para costear la redacción de las normas complementarias, cuyo coste ascendía a 5.613.000 pesetas, el Pleno güimarero aprobó, en sesión celebrada el 11 de febrero de 1988, solicitar una subvención a la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.

Otros motivos.- Rafael Yanes tiene claro que "si con esta nueva documentación no se quiere aceptar que esos núcleos eran urbanos, es porque hay otras motivaciones más allá de lo razonable". De hecho, y pese a su coincidencia ideológica con el Gobierno central (ambos son socialistas), el alcalde ya ha manifestado su discrepancia con el Ministerio de Medio Ambiente al indicar que la incertidumbre en que vive la población del litoral de Agache "es una cabezonería de la Dirección General de Costas".

Por ello, insiste en pedir a dicho departamento que "rectifique y establezca la servidumbre de protección en 20 metros, al tener la consideración de urbanos consolidados los núcleos de La Caleta, Punta Prieta, El Tablado y La Puente con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 22/1988 de 28 de julio", algo que avala la documentación presentada.