EFE, Rabat
El Gobierno marroquí considera que la iniciativa del juez español Baltasar Garzón de investigar a trece altos cargos marroquíes por delitos de genocidio y torturas en el Sáhara Occidental se apoya en un "prejuicio evidente".
En una declaración hecha la noche del miércoles en la segunda cadena de la televisión nacional marroquí (2M), el ministro de Comunicación y portavoz del Gobierno, Khalid Naciri, agregó que "estaría bien que el juez Garzón se ocupara un poco del respeto de los derechos humanos en Tinduf" (Argelia), donde están los campamentos de refugiados saharauis.
El juez Garzón se declaró el pasado martes competente para in-vestigar a trece altos cargos marroquíes por delitos de genocidio y torturas en el Sahara en relación con la desaparición de cientos de saharauis.
"No necesitamos que el juez español nos venga a decir lo que tenemos que hacer en esa materia", añadió el ministro, quien dijo que los marroquíes "son capaces de ocuparse de todo en materia de derechos humanos, emancipación, libertades públicas y lucha por la democracia".
El ministro agregó que la acción del juez significa una "posición contra los derechos históricos de Marruecos y a favor de la tesis del (Frente) Polisario".
Naciri dijo además que Marruecos ya ha comenzado con su actualización en materia de respeto de los derechos humanos y que el país "está muy comprometido en este terreno".
Los principales altos cargos marroquíes a los que Garzón acordó investigar son Housni Ben Sliman, superior que ordenó y dirigió presuntamente la campaña de detenciones y posteriores desapariciones en Smara en 1976 y Abdelhafid Ben Hachem, presunto responsable de los secuestrados en 1987 en El Aaiún y supervisor de los interrogatorios bajo tortura.
Naciri declaró ayer que "aquí lo que tenemos es un gran juez que hace política". "El hecho de que haya elegido el momento de la visita del Príncipe de Asturias a Marruecos (para anunciar la orden de investigación) permite arrojar interrogantes sobre esa iniciativa".
"Que quede claro: Marruecos está comprometido en un proceso de consolidación de sus libertades democráticas y de los derechos humanos".
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