Tras la arena de Las Teresitas

SUELE OCURRIR, en ocasiones, que tras la apariencia de las cosas se esconden otras, menos evidentes, menos visibles en primera instancia. Y detrás de los últimos acontecimientos que vienen ocurriendo en la política y en la prensa de Canarias pueden esconderse, a nuestro juicio, algunas consecuencias y propósitos que no se escapan ni de lo que ha sido tradición en la historia reciente de nuestras Islas ni de los propósitos manifestados una y otra vez por una clase empresarial y política radicada en Gran Canaria.

Tras los escándalos de corrupción surgidos en esa Isla, los periódicos de Las Palmas necesitaban la extensión del fenómeno a otras Islas y, especialmente, a Tenerife. Y ello porque ya sabían que iba a ser así. Lo dijo en su día el ministro de Justicia del Gobierno de Zapatero, Juan Fernando López Aguilar, cuando dijo que Canarias era un nido de corrupción, naturalmente a causa de Coalición Canaria y, en menor medida, del Partido Popular. Y no lo dijo por nada. Era el camino que le iba a allanar su campaña electoral a la candidatura a la presidencia del Gobierno de Canarias con el explícito mensaje de que son tiempos de cambio (de cambiar a los que están para ponerle a él).

Y, como no podía ser menos, un sector del socialismo de Tenerife -el que hoy se ve favorecido con la confianza de Juan Fernando López- se puso a la tarea de echarle una mano. Santiago Pérez puso en marcha, ante la aquiescencia de Juan Carlos Alemán, la liquidación de los socialistas de Santa Cruz y la tarea de llevar al terreno jurídico una operación política contra Miguel Zerolo, el político más valorado de Coalición Canaria en Tenerife, la "joven promesa" y el posible sucesor de Adán Martín. Mientras Santiago Pérez se cargaba a los socialistas sentados en el Ayuntamiento de Santa Cruz (por haber votado junto al alcalde y el resto de los grupos municipales a favor de la compra de la playa), un grupo ecologista antisistema situado en la órbita del PSOE y del propio Santiago Pérez puso una denuncia contra la operación de Las Teresitas que, ¿sorpresivamente?, obtuvo el apoyo más entusiasta de la Fiscalía Anticorrupción.

Y lo que es más importante, por el camino obtuvo el apoyo de la prensa de Las Palmas, que a lo largo de muchos meses fue relatando minuciosamente (cuando no anunciando), uno tras otro, todos los pasos que se iban dando en la investigación; pasos que culminaron con la publicación íntegra de la querella a los pocos minutos de presentarla en la Audiencia Provincial de Las Palmas.

No sólo llevaron una acusación contra Zerolo ante los tribunales sino que, por el camino, fueron sembrando en Tenerife, con la cómplice colaboración de medios de comunicación sensatos (que no querían estar fuera de juego en el terreno de la información), no ya la sospecha sino la certeza de que Zerolo era un chorizo y Santa Cruz un nido de corrupción.

Es más que probable que el primer objetivo, crear un clima social enrarecido en Tenerife, esté conseguido. Pero es que además se ha conseguido un beneficio secundario importante. Hoy las administraciones públicas tinerfeñas están acogotadas, bajo sospecha. Los funcionarios se la cogen con papel de fumar en todos y cada uno de los expedientes, y los políticos, objetivos de la posible denuncia de cualquier grupo ecologista, son presuntos delincuentes que miden con lupa sus actuaciones.

El clima de pánico ha generado una parálisis de las administraciones. El puerto tinerfeño, a cuyo presidente han laminado, ha desaparecido del mapa. El alcalde de Santa Cruz se pasa tanto tiempo con los abogados como con los vecinos. Los alcaldes y concejales de los municipios ya saben que, a pesar de los informes favorables de secretarios e interventores, funcionarios de cuerpos nacionales, y a pesar de que todo un pleno vote favorablemente por algo, pueden acabar sentados en el banquillo. Aquí no se mueve ni un papel.

Mientras la prensa de Las Palmas sigue la cruzada con nuevas informaciones, el caso de Las Teresitas se está convirtiendo en una "causa general" contra Zerolo y su entorno, una generosa caja donde cabe de todo, desde la privatización de Emmasa a las inversiones multimillonarias de un ex asesor de Zerolo junto a empresarios tinerfeños -que no se revelan- en Méjico, desde registros fantasmas en pisos francos (¿etarras en Tenerife?) hasta la compra de coches de "alta gama" (¿se sustanciaron las comisiones de Las Teresitas en decenas y decenas de coches o es que la comisión fue tan miserable como para que estemos hablando de un par de vehículos?). Las "noticias" basadas en "fuentes policiales" o cercanas a la investigación van cayendo un día tras otro, saltando de un tema a otro, sin que ni una sola voz autorizada aclare a la estupefacta sociedad de las islas qué es realmente cierto de todo ese pandemónium.

Pero esto es sólo el caldo de cultivo de una pieza mayor: CajaCanarias. Porque la siguiente pieza a batir será la mayor entidad de crédito de Canarias, la caja que ha superado a la Caja de Las Palmas para convertirse en la principal entidad de las Islas. Contra ella se dirigirán en breve plazo los siguientes misiles de la campaña mediática.

Dará igual, seguramente, que el crédito dado a los empresarios que compraron la playa haya sido supervisado ya por el Banco de España, como dio igual que un secretario municipal, un interventor y varios funcionarios considerasen ajustadas a derecho las actuaciones del Ayuntamiento de Santa Cruz. Por lo visto, las administraciones públicas (y las entidades de crédito) tendrían que someter sus decisiones a un informe previo de la policía y el dictamen favorable de la Fiscalía Anticorrupción, preferiblemente, la de Madrid.

Cabría preguntarse si el polémico, espinoso y aún discutido proceso de privatización del servicio de aguas en el municipio de Las Palmas ha sido investigado por la Fiscalía Anticorrupción. O las ventas de acciones de la sociedad adjudicataria y la mediación de ciertos pájaros de cuenta que celebraron con champán el regreso del "amigo Jerónimo" a la política activa en Canarias, desde la alcaldía de Las Palmas.

Cabría preguntarse si las actuaciones llevadas a cabo en el terreno de los polígonos industriales en Gran Canaria, desde las centrales de desgasificación a industrias cementeras, han sido denunciados por grupos ecologistas. Tal vez no. Porque la actividad de estos grupos y la diligencia de las investigaciones anticorrupción parecen estar circunscritas a la isla de Tenerife.

Algo huele a podrido en Canarias. Pero no es sólo la corrupción (que la hay, claro, como en todas partes del mundo). Algo se ha podrido cuando se puede actuar con tanta impunidad, cuando se puede ver de forma tan palpable y evidente cómo los sectores de poder de una isla, con el apoyo de sus políticos y de sus ámbitos de responsabilidad, con sus comisarios y sus acólitos, sus medios y su propaganda, pueden urdir y ejecutar una campaña en la que se están vulnerando tantos derechos elementales. ¿Cómo podemos tolerar que a un político tinerfeño -no a uno cualquiera: al que más y mejor defendió a esta Isla durante los últimos años- se le haya juzgado y condenado previamente por los medios de Las Palmas con constantes filtraciones de un sumario "secreto" (secreto para todos menos para los periódicos grancanarios) sin que siquiera se le haya sentado en un banquillo? ¿Es posible que los tribunales se vean afectados por la presión mediática? ¿Pensará alguien que decir ahora que Zerolo es inocente puede poner en peligro su carrera? ¿Se imaginan qué valor debe tener quien se atreva a salir desde el ámbito judicial diciendo que el alcalde de Santa Cruz es inocente? ¿Y entonces? ¿Todo lo que se ha escrito y de lo que se le ha acusado en qué queda? ¿Se han abierto "nuevas líneas de investigación" porque las que se han llevado hasta ahora no han dado resultado? ¿Se seguirán abriendo "nuevas líneas de investigación" hasta el infinito porque lo que ocurre es que hay que encontrar algo, lo que sea y a costa de lo que sea? ¿Sólo se está investigando en el municipio de Santa Cruz, donde residen los más de veinte expertos traídos desde Madrid hace meses para probar la culpabilidad de Zerolo? ¿No hay "cuerpos especiales" en otras zonas de Canarias, por ejemplo en el municipio de Las Palmas?

Seguramente no tendremos respuesta a estas preguntas. No, al menos, de forma inmediata. Alguien tendrá que poner en marcha una campaña de investigación, alguien tendrá que llevar a la Fiscalía datos del Ayuntamiento de Las Palmas, o del puerto de la Luz, o de la Caja de Las Palmas, para que veamos con qué diligencia y con cuántos recursos se ponen a la tarea de la investigación las mismas fuerzas que se han desplegado sobre Zerolo. Alguien tendría que hacerlo para que podamos comprobar si todos somos iguales ante la ley o algunos somos menos iguales que otros.