El CCN pide a Hernández Abad que no tergiverse sus palabras

C.A., S/C de Tenerife

El Grupo Mixto municipal del CCN aclara a Jaime Hernández Abad, portavoz-adjunto del Grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que "no sólo queremos que se paguen las deudas contraídas por la corporación el pasado año con numerosas empresas y que ascienden a más de 11 millones de euros, sino que se les debía haber hecho efectivos los abonos en tiempo y forma. En dicho caso, los pagos hace dos años que tenían que haberse efectuado".

En este caso, el CCN ha pedido la suspensión cautelar de los acuerdos a los que se llegó en el último pleno, pero nunca que dejen de abonarse las deudas, ya que ambas medidas son compatibles. El CCN recuerda a Jaime Hernández que la pasada legislatura gobernaba el CC con el PP, con lo cual estos reconocimientos de crédito extraoficiales vienen de la "magnífica gestión llevada a cabo por el anterior equipo de gobierno municipal".

Además, el grupo mixto responde a este aspecto porque "Hernández utiliza la política cicatera de la escuela del PP, cuyo máximo exponente es Ángel Acebes, el cuál repite la misma mentira cien veces hasta que la gente crea que lo que se dice acaba siendo verdad".

Toda la polémica suscitada en torno a los acuerdos del pleno del pasado día 11 en relación a las deudas de más de 11 millones de euros del año pasado, "se podía haber evitado si el presidente de la Comisión, Ángel Llanos, hubiese convocado la Comisión de Servicios Centrales en tiempo y forma" tal y como el concejal del CCN, Ignacio González, hizo constar en el acta.

El portavoz del PP, Jaime Hernández-Abad comentó el martes que "a Ignacio González le preocupa muy poco los negocios de sus compañeros empresarios", cuando en realidad el grupo mixto recalca que, su concejal nunca se ha negado a que se hagan efectivos los pagos a los acreedores, sino que el momento no es el traer todas las deudas al pleno del pasado día 11, sino que se abonaran en su momento.

El recurso presentado por el CCN al acuerdo de reconocimiento de deuda de más de 11 millones de euros de facturas pendientes del año pasado sigue suscitando polémica.