Las indemnizaciones a los afectados pueden costar un millón de euros

E.C., S/C de Tenerife

La resolución del error que se cometió con el concurso de méritos del año 2000 no se va producir únicamente con el traslado a nuevos puesto de los empleados del Gobierno que se ven afectados por el cumplimiento de la sentencia judicial.

Además, todo este año que ha costado tantos años solucionar va a implicar que el Gobierno tenga que pagar indemnizaciones millonarias, puesto que son muchas las personas a las que hay que compensar por los perjuicios sufridos por la distribución de las plazas que se llevó a cabo en su momento.

Se calcula, según los sindicatos, que todo este asunto va a costar casi un millón de euros.

El concurso fue en su día recurrido por una serie de funcionarios que no estaban de acuerdo con el reparto de las plazas, y las personas a las que los tribunales les han dado la razón tendrán que ser compensadas por el dinero que han dejado de percibir al no haberles sido adjudicadas plazas de mayor nivel que les hubieran correspondido si el Gobierno hubiera hecho las cosas correctamente desde el principio.

Reducción de sueldos

Otro problema económico se plantea con las personas que sí obtuvieron las plazas a través de ese concurso y que por tanto llevan muchos años cobrando más de lo que les correspondería. Los sueldos que han recibido en este tiempo ya no se van a cambiar, pero la cuestión está en si ahora les van a pagar menos al volver a sus antiguos puestos.

El Ejecutivo se comprometió en su momento a reducir todo lo posible el número de personas que ahora van a perder parte de sus retribuciones, y en todo caso se quiere solucionar este problema con la convocatoria del nuevo concurso, que es probable que se celebre a partir del próximo mes de diciembre.

Los sindicatos consideran que en todo caso esos empleados públicos no son culpables de lo ocurrido, sino que el responsable en todo momento es el Gobierno, por lo que a esas personas se les tiene que dar la mejor solución posible para que no paguen las consecuencias del error de Función Pública.