EFE, Las Palmas
El Gobierno de Canarias reclamará al estatal que aumente en 400 millones de euros la inversión prevista en sus presupuestos para las Islas a fin de equipararla a la media de las demás comunidades, y lo hará "hasta las últimas consecuencias" y sin renunciar a la "pelea".
Así lo anunció ayer su presidente, Paulino Rivero, quien dijo estar respaldado en esa demanda por la ley del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), norma "de obligado cumplimiento" que prevé esa equiparación inversora en sus artículos 95 y 96, según expuso, y por agentes económicos y sociales de las islas a los que ayer convocó a reunirse para analizar la situación económica.
Tras una sesión de la que dijo salir "muy satisfecho", al haber recibido "una respuesta unánime" en cuanto al nivel de asistencia porque acudieron a su llamada representantes de la patronal, las cámaras de comercio, los sindicatos de mayor tamaño, las dos universidades y el Consejo Económico y Social regional, aseguró que unos y otros fueron "una sola voz defendiendo el REF".
"Una sola voz exigiendo que en los presupuestos del Estado se contemple lo que dice en los artículos 95 y 96 de la Ley del REF", prosiguió Rivero, quien hizo así extensiva a todos los asistentes a la reunión la postura crítica hacia el proyecto de cuentas estatales para 2008 que desde semanas atrás ha mantenido su Ejecutivo.
El presidente autonómico admitió, en cualquier caso, que algunos participantes en la sesión consideraron oportuno aprovechar la ocasión para que el Gobierno les aclarara cómo dará salida a otros problemas, como los conflictos laborales existentes en la educación público y en el servicio de transporte sanitario, aunque rechazó hablar de esos asuntos argumentando que eran menos importantes.
"En una reunión de este tipo se oyen muchas cosas, pero nos centrábamos, íbamos quitando las cosas que no eran objeto de la reunión de hoy y nos centramos en lo que importaba: una sola voz en defensa de la ley canaria, eso era lo que importaba", relató al respecto.
Según aseguró, esta demanda está avalada por informes técnicos de las dos universidades y por el CES de Canarias.
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